Países Bajos renuncia a Eurovisión 2027 y reabre el debate sobre la participación de Israel

Países Bajos no participará en el Festival de Eurovisión de 2027, según anunció la radiotelevisión pública neerlandesa NPO. Es la segunda edición consecutiva en la que el país se ausenta del certamen, tras sumarse en 2026 a España, Irlanda, Eslovenia e Islandia en una decisión motivada por el sufrimiento humano en Gaza. La cadena había asumido la candidatura en septiembre, después de que Avrotros renunciara por la presencia de Israel, pero ahora ha descartado concurrir al no existir respaldo suficiente entre las emisoras públicas.

Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que suspenda la participación de Israel. Su director para Europa, Steve Cockburn, considera que la decisión neerlandesa muestra la necesidad de no dar cabida a escenarios que encubran las acusaciones de genocidio, limpieza étnica y apartheid contra la población palestina. La organización critica la negativa de la UER a excluir a Israel de la competición.

El contexto es el de la guerra en la Franja de Gaza y el avance de medidas de anexión y desplazamiento en Cisjordania, situaciones que organismos internacionales y ONG han documentado y que Israel rechaza en los términos planteados. Amnistía sostiene que el certamen ofrece a Israel una plataforma para desviar la atención sobre estos hechos. La posición de la organización no es unánime en el ámbito internacional, y la UER ha mantenido hasta ahora su decisión de no suspender a la emisora israelí.

Por qué importa: la ausencia de varias televisiones públicas europeas introduce una presión reputacional sobre la UER y pone a prueba los estatutos de neutralidad política del certamen. Las emisoras que se retiran invocan criterios humanitarios, mientras que la UER sostiene que el festival debe mantenerse al margen de los conflictos. El debate afecta tanto a la gobernanza de las radiotelevisiones públicas como a la relación entre cultura y política en el ámbito europeo.

De cara al futuro, la cuestión dependerá de si la UER revisa sus criterios de participación o si el número de países que se retiran aumenta en las próximas convocatorias. El caso refleja una tendencia más amplia en la que instituciones culturales europeas se ven obligadas a posicionarse ante crisis internacionales, con consecuencias para su credibilidad y su cohesión interna.