En Madrid, el 9 de enero, diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes han acogido con satisfacción la decisión del Gobierno central y del Ejecutivo canario de establecer un plazo de diez días para abordar el problema del reparto de menores migrantes no acompañados que han arribado al archipiélago. Sin embargo, estas entidades han enfatizado la importancia de que esta colaboración tenga como objetivo primordial el "interés superior del menor" y no se limite a una solución temporal.

La directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, ha expresado a Europa Press que, aunque es un paso positivo, la respuesta es, en esencia, "coyuntural", dado que se trata de un acuerdo ad hoc y no una solución a la magnitud del fenómeno migratorio que afecta a Canarias. En su opinión, es fundamental que se implementen medidas de carácter estructural para enfrentar esta crisis de manera efectiva.

López ha sugerido que la solución a este dilema debería enfocarse en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, proponiendo que la responsabilidad de las comunidades autónomas en la acogida de niños y niñas sea una obligación regulada. Señaló que no se puede depender de negociaciones prolongadas ni de soluciones aisladas para una problemática tan compleja.

Según la directiva de CEAR, este tipo de acuerdo debería haberse concretado mucho antes para poder reaccionar ante la creciente necesidad de atención hacia los menores que llegan a Canarias. Además, ha instado a los responsables a que el plazo establecido de diez días no seja una mera formalidad y se cumpla a raja tabla.

La directiva ha subrayado que el objetivo debe ser siempre proporcionar a esos menores las mejores condiciones posibles de acogida, recordando que el interés superior del menor es una prioridad que debe guiar todas las decisiones en este sentido.

Por su parte, Red Acoge ha manifestado su deseo de que el acuerdo final priorice el interés superior de los menores y que el Estado español cumpla con su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a España sin un acompañante adulto. La organización ha destacado que las comunidades autónomas, como parte integral del Estado, deben asumir su responsabilidad en esta protección, dejando de lado la cuestión de la solidaridad o las competencias para enfocarse en el bienestar de estos jóvenes vulnerables.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha hecho eco de estas preocupaciones, subrayando la urgencia de alcanzar un acuerdo entre los diferentes gobiernos para mejorar las condiciones en que se encuentran estos menores. La situación actual en Canarias ha sido descrita como "muy complicada", marcada por la saturación y recursos insuficientes para atender las necesidades de los migrantes.

Desde el SJM se ha advertido que abordar los problemas migratorios solo como una situación de emergencia temporal no es una opción viable, dado que es un desafío sostenido en el tiempo. Por el interés superior de los menores, estos requieren de una protección especial y la mejor manera de asegurarla es facilitando su reubicación en otras comunidades autónomas.

Finalmente, han hecho un llamado a dejar de usar el tema de la migración como un instrumento político, instando a que los menores que llegan a España en condiciones desfavorables, tras jornadas en rutas peligrosas, no sean tratados como una "moneda de cambio" en debates ideológicos o políticos.