El reciente acuerdo entre el Gobierno español y Junts ha llevado al Consejo de Ministros a decidir la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo que implica que varias comunidades autónomas deberán acoger un número significativo de menores migrantes. Este ajuste legislativo afectará de manera particular a Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, las regiones que albergarán la mayor cantidad de estos jóvenes inmigrantes.

De acuerdo con estimaciones preliminares proporcionadas a Europa Press por fuentes gubernamentales, Madrid se verá obligada a recibir a 806 menores, seguida de Andalucía con 795 y la Comunidad Valenciana con 478. Por contraste, se prevé que Cataluña, Melilla, Baleares y el País Vasco, gracias a su "esfuerzo previo", recibirán significativamente menos niños y adolescentes, con cifras que oscilan entre 27 y 88.

Cabe mencionar que estas proyecciones aún son estimaciones y no cifras definitivas, ya que las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para informar sobre el número de menores migrantes que actualmente tienen bajo su cuidado. Esta acción es esencial para determinar su capacidad de acogida real y ajustarla según las necesidades.

Los criterios utilizados para estas proyecciones se fundamentan en diversos factores, como la situación económica, la densidad poblacional, las tasas de empleo y los esfuerzos previos realizados en la acogida de estos menores en cada región. Este enfoque busca garantizar una distribución más equitativa y efectiva de los recursos y responsabilidades.

Además de las regiones mencionadas, Galicia, Castilla y León, y Castilla-La Mancha también enfrentarán un número considerable de acogimiento, con estimaciones de 326, 309 y 291 menores, respectivamente. Otras regiones, como Murcia (190) y Aragón (186), también tendrán que contribuir a este esfuerzo, aunque con cantidades más moderadas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido a los medios en el Congreso que, en caso de que las comunidades no proporcionen la información requerida sobre su capacidad actual de acogida, el Gobierno se verá obligado a aplicar criterios anteriores. Rego insistió en que se basarán en datos garantizados o proporcionados a finales de 2023 y ha anunciado su intención de solicitar formalmente esta información a las comunidades autónomas en el transcurso del día.