El Parlamento Europeo votará próximamente una directiva en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en la cual se mandatará a los estados miembros a establecer penas máximas para delitos de violación no inferiores a 8 años, con el fin de evitar sucesos similares a lo ocurrido en España con la Ley del 'solo sí es sí'.

La iniciativa busca abordar la violencia contra las mujeres, tipificar nuevos delitos en este sentido y que los países avancen en relación al Convenio de Estambul y establezcan instrumentos legislativos eficaces en la prevención, protección y ayuda a las víctimas.

Entre sus medidas más destacadas está la obligatoriedad de que la pena máxima ante actos "no consentidos de penetración vaginal, anal u oral de naturaleza sexual, con cualquier parte del cuerpo u objeto" o ante "hacer que una mujer participe con otra persona" en los citados actos, sea inferior a los ocho años. También se recoge la prescripción de estos delitos que tendrán que ser de un mínimo de 20 años desde el momento en que se cometió el acto.

La directiva incluye como base la definición del consentimiento del Convenio de Estambul. En este sentido, la eurodiputada del PP, Rosa Estarás, ha indicado que estas medidas eran "un tema prioritario" ya que la UE quería determinar la "importancia" que da a estos delitos y para que "no suceda lo que pasó con el sí es sí" en otros países, en referencia a las rebajas de penas a agresores sexuales contabilizadas tras la entrada en vigor de la norma.

Por otra parte, la directiva busca establecer como delitos transfronterizos la difusión de material íntimo sin consentimiento, que en este caso debería tener penas máximas no inferiores a 1 año y no podría prescribir antes de cinco o el ciberacoso, con penas máximas no inferiores a dos años y sin prescribir antes de 7 años.

La propuesta también busca introducir como delitos la mutilación y el matrimonio forzoso, el acoso sexual en el trabajo o la esterilización forzosa.

En cambio, otros debates como la prostitución o la gestación subrogada no se incluirán finalmente en la iniciativa debido a esa falta de seguridad jurídica y a las dudas de algunos grupos parlamentarios de que estos fueran delitos transfronterizos.

Entre estos partidos en contra está Vox, que ha argumentado que no ve seguridad jurídica en incluir el término violencia de género y tampoco ve transfronteriza la violencia doméstica o contra las mujeres.

La eurodiputada del PSOE, Lina Gálvez, en cambio, considera que muchas de estas materias sí podrían haber entrado en la directiva "con voluntad política". Así, ha señalado la prostitución, el proxenetismo o la gestación subrogada como un claro delito transfronterizo.

La propuesta europea, tras su paso por la comisión a finales de mes, deberá pasar por el Pleno del Parlamento Europeo o ir directamente a trílogos, el grupo formado por el propio Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. En este caso, el proceso sería mucho más largo ya que los tres organismos se han de poner de acuerdo en todo el texto.