En Madrid, el 27 de octubre, la defensa de Koldo García, exasesor del Ministerio, ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo. Esta petición apunta a que se exijan a la Dirección General de la Guardia Civil los nombres de los agentes que, supuestamente, accedieron a bases de datos policiales con el fin de obtener información sobre él. El objetivo de esta estrategia es aclarar si realmente un miembro de la Benemérita realizó una investigación relacionada con García en 2021 en el contexto del denominado 'caso Gaslow', antes de que se diera a conocer el 'caso Koldo' en 2024.

De acuerdo a un documento al que ha tenido acceso Europa Press, la solicitud ha sido presentada ante el magistrado Leopoldo Puente, en el marco de una investigación que indaga la supuesta implicación de García en una red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, donde también se mencionan al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La defensa hace hincapié en esta solicitud tras haber tomado conocimiento de conversaciones interceptadas en un proceso distinto que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, conocido por el nombre de 'caso Gaslow', que gira en torno a un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos durante los años 2020 y 2021.

En particular, se refieren a los mensajes que fueron intercambiados en abril de 2021 entre Juan Vicente Bonilla, un excargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y un informante, en los que se menciona a Koldo García.

Respecto a este punto, el propio magistrado Santiago Pedraz, quien lidera la investigación, aseguró en junio que el desarrollo de la misma no presenta indicios de ilegalidad o manipulación por parte de la UCO, y enfatizó que de haber detectado irregularidades, habría actuado en consecuencia, rechazando así la nulidad de la causa.

Leticia de la Hoz, letrada de García, ha explicado ahora ante el Supremo que la intención de su petición es demostrar si realmente hubo algún tipo de investigación prospectiva en contra de García. Además, subraya que cualquier prueba obtenida de una investigación de este tipo podría ser considerada nula, por la posible violación de derechos fundamentales.

En este sentido, solicita al magistrado que ordene a la Guardia Civil elaborar un "informe de auditoría detallado", que debería ser generado por el departamento de Asuntos Internos o por algún órgano competente en la materia.

Además de la identificación de los agentes de la UCO que realizaron las consultas, su defensa demanda que la Guardia Civil proporcione fechas "precisas" sobre esos accesos relacionados con Koldo García. La exigencia también se extiende a una detallada trazabilidad de los accesos a registros mercantiles, información catastral, datos de cuentas bancarias y cualquier otra información a la que tengan acceso los funcionarios de la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones.