Este lunes, a las 17:30 horas, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha convocado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que se presente en el trámite judicial relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, quien es objeto de una investigación por la presunta apropiación indebida de un software perteneciente a dicha institución educativa.

El magistrado Juan Carlos Peinado, encargado del caso, ha permitido que la UCM se constituya como parte afectada en el proceso legal. Durante la audiencia, el juez informará a Gómez sobre su situación y el hecho de que, en caso de llegar a juicio, su caso podría ser juzgado por un jurado popular, lo cual significa que serán ciudadanos, y no solamente jueces, quienes determinen su culpabilidad o inocencia.

La razón detrás de esta convocatoria radica en el hecho de que se está investigando un posible delito de apropiación indebida relacionado con un software que, según la financiación aportada, debería haberse destinado exclusivamente a beneficio de la UCM. Por ello, el juez considera que la universidad tiene el derecho a ser reconocida como perjudicada en este caso.

Esta investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, que acusó a Gómez de aprovechar su posición como la pareja del mandatario para influir sobre empresarios que participaban en licitaciones públicas.

Como resultado de las indagaciones, a Gómez se le han atribuido cargos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Esta última acusación podría llevar a que el caso sea juzgado por un jurado popular, dado que se considera parte de los delitos que requieren este tipo de tribunal, lo que podría recordar el juicio de las acusaciones en su totalidad.

Desde el inicio del procedimiento, el juez ha ido ampliando la investigación tras la presentación de una nueva querella por parte de Vox, que denunció supuestas irregularidades en la administración del software de una cátedra de la UCM que Gómez co-dirigía. Esto ha llevado a imputar a Gómez por apropiación indebida de marca e intrusismo en el ámbito profesional.

Begoña Gómez, por su parte, ha defendido su inocencia en las ocasiones en que ha sido interrogada. Ha negado haber incurrido en apropiación indebida al inscribir el logo de 'TSC Transformación Social Competitiva' y el software relacionado con la cátedra, que recibía financiamiento de diversas empresas. Asimismo, ha aclarado que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la universidad fue quien le proporcionó orientación sobre el registro de dicho dominio.

La investigada subraya que no actuó con intención de lucro, ya que no percibió ningún tipo de remuneración por su papel en la cátedra de la UCM, lo que, según ella, refuerza su postura de que no cometió delito alguno en el proceso.