El pasado 11 de diciembre, se ha dado a conocer que el Gobierno de España, junto con doce comunidades autónomas, ha comprometido una inversión contundente de más de 2.000 millones de euros para avanzar en la implementación de la 'Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización', que fue aprobada en junio por el Consejo de Ministros. Esta estrategia parece apuntar a un cambio radical en la forma en que se atienden a los sectores más vulnerables de la población, como las personas mayores, aquellas con discapacidad, los sin hogar y los menores migrantes.

Según el Ministerio de Derechos Sociales, esta iniciativa moviliza un total de 2.053.100 euros. La inyección de capital será destinada a 695 acciones específicas con el propósito de transformar el modelo actual de atención, que muchas veces se lleva a cabo en grandes residencias, hacia otro que priorice el cuidado individualizado en el hogar de cada beneficiario. Esta transformación busca permitir que las personas permanecen en sus propios entornos, brindando una atención más adecuada a sus necesidades particulares.

Se resalta que uno de los pilares de este ambicioso plan es garantizar el acceso a una vivienda "digna y accesible", que se considera un derecho fundamental para evitar la institucionalización. Las intervenciones del plan están diseñadas no solo para proporcionar los apoyos necesarios, sino también para facilitar que las personas con dependencia mantengan su autonomía y puedan acceder a viviendas adecuadas en su comunidad, permitiendo así que continúen desarrollando su proyecto de vida en un entorno familiar y conocido.

El plan operativo se estructura en cinco ejes, siendo los correspondientes a vivienda fundamentales en los ejes 1 y 4. El primero de ellos se enfoca en prevenir situaciones que puedan llevar a la institucionalización. Incluirá 233 acciones que buscan promover el acceso a viviendas dignas, la salud y la accesibilidad a servicios. La dotación asignada para estos esfuerzos es de 602,6 millones de euros, y entre las iniciativas destacan la creación de una red de 100 viviendas de titularidad pública en Galicia, así como la oferta de alquiler en Cataluña y ayudas para jóvenes extutelados en Castilla-La Mancha.

El segundo eje incorpora 125 actuaciones con el objetivo de empoderar a las personas dependientes, dándoles voz en la toma de decisiones que afectan sus vidas y reforzando su derecho a vivir en comunidad. Este eje tiene una asignación prevista de, al menos, 131 millones de euros, lo que demuestra la importancia que se le otorga a la autodeterminación de los beneficiarios en este nuevo modelo de atención.

En el tercer eje del plan, se plantean reformas en la formación de los profesionales del sector, con el fin de mejorar la gestión y personalización de los cuidados. El Ministerio de Derechos Sociales ha declarado que este enfoque busca proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para fomentar una inclusión real en la comunidad y mejorar sus condiciones laborales, impulsando un total de 183 acciones con un presupuesto de 687,2 millones de euros.

El paquete de medidas del cuarto eje está orientado a ofrecer opciones dignas para la vida y atención en la comunidad. Este apartado también enfatiza el significado del acceso a la vivienda y el impulso de servicios comunitarios de apoyo que permitan a las personas vivir conforme a su voluntad. Este eje incluye 125 iniciativas, con una estimación de 584,3 millones de euros para su desarrollo.

Para asegurar que las acciones mencionadas anteriormente se implementen de manera efectiva, se necesita una revisión normativa, administrativa y de financiamiento que se gestionará en el quinto bloque del plan. Esta fase incluye cambios propuestos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), así como la creación de un sistema de gobernanza y coordinación que promueva la participación activa de todas las partes involucradas. En total, este eje contempla 29 acciones con una asignación de 47,9 millones de euros.

El plan operativo correspondiente a los años 2024-2025 ha sido elaborado mediante un enfoque participativo, en colaboración con diversos ministerios y comunidades autónomas, con el objetivo de que las políticas se ajusten a las realidades locales. Este proceso incluye la realización de seminarios y grupos de trabajo que han contado con la participación de varias administraciones, entre ellas Sanidad, Educación, Trabajo, Juventud y Transición Ecológica, junto con las doce comunidades autónomas que se suman al esfuerzo.

Además, el ministro Pablo Bustinduy presidirá el Congreso EDI (Estrategia de Desinstitucionalización) el 12 de diciembre, donde se reunirán expertos en el sector de los cuidados. En este congreso se presentará también un estudio sobre los procesos de desinstitucionalización y la transición hacia modelos personalizados de apoyo, realizado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, clausurará el evento, lo que evidencia la relevancia que este tema tiene en la agenda política actual.