En un reciente desarrollo legislativo, el Consejo de Ministros de España ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una medida que reemplaza de manera integral una normativa que data de 1984. Este movimiento se enmarca dentro del 'Plan de Acción por la Democracia', cuyo propósito es salvaguardar a los ciudadanos de la desinformación y los bulos, estableciendo por primera vez un enfoque específico para los influencers.

El anuncio fue realizado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en una conferencia de prensa que siguió al Consejo de Ministros. En este evento, estuvo acompañada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como por Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien se encargó de explicar las pormenorizadas características de esta nueva ley.

El ministro Bolaños subrayó la intención del Gobierno de fomentar la calidad en el debate público y de asegurar que los ciudadanos tengan la capacidad de rectificar información errónea o falsa que les afecte. Afirmó que el derecho a la rectificación es un pilar fundamental en una sociedad democrática y que es fundamental adaptarlo a las circunstancias del entorno digital actual. En sus palabras, esta modernización es crucial ante el impacto que las 'fake news' y la desinformación están teniendo en las democracias, tanto en España como en Europa.

Bolaños destacó dos innovaciones esenciales que contiene la nueva normativa. Primero, reconoce las nuevas formas de comunicación que han surgido en la era digital, y segundo, implementa ajustes que facilitarán y agilizarán el derecho a la rectificación para aquellos ciudadanos que se vean perjudicados por informaciones falsas o inexactas.

Este anteproyecto de ley se compone de siete artículos que establecen la base del derecho a la rectificación, abordando no solo a los medios de comunicación tradicionales sino también a las plataformas digitales que difunden información, algunas de las cuales pueden tener un alcance mayor que los medios convencionales. Además, se amplían los derechos de aquellas personas cercanas a individuos fallecidos que hayan sido objeto de informaciones engañosas, permitiéndoles actuar en defensa de la verdad.

El segundo artículo establece el procedimiento precontencioso, que consiste en la comunicación que un ciudadano podrá enviar a un medio o plataforma para solicitar una rectificación, mientras que el tercer artículo especifica cómo se debe publicar esta rectificación, garantizando una rápida difusión y sin coste, así como medidas específicas para el ámbito digital. También se hace hincapié en el procedimiento judicial que se activará si el derecho a la rectificación no se cumple.

Entre las modificaciones más significativas, se menciona la ampliación del plazo para solicitar una rectificación, que pasará de siete a diez días. Además, se eliminará la obligación de dirigir la solicitud de rectificación al director del medio, lo que simplificará el proceso.

Una de las novedades más destacadas es la inclusión de los influencers, personas con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, quienes, al tener una influencia considerable en la difusión de información, estarán sujetos a este nuevo marco legal. Como reiteró el ministro, estos individuos, con una mayor capacidad de impacto que muchos medios tradicionales, deberán también rendir cuentas frente a la verdad, y con ello, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a rectificación frente a los disparates que muchas veces propagan.

Bolaños también aclaró que se suprime el requisito de respuesta escrita a las demandas, lo que permite que el proceso judicial sea más fluido y, por ende, más rápido para los afectados. En la actualidad, la normativa existente exige que las rectificaciones sean publicadas; sin embargo, la nueva ley incluirá medidas que aseguren que los ciudadanos reciban notificaciones de que sus reclamos han sido atendidos y rectificados.

Finalmente, los medios de comunicación y los influyentes en el ámbito digital estarán obligados a contar con un mecanismo simple y accesible que garantice el derecho a la rectificación. Según el ministro, el objetivo de esta legislación es fortalecer el derecho de los ciudadanos a corregir información errónea, al tiempo que se crea un entorno más complicado para aquellos que se dedican a la desinformación, consolidando así una mejor democracia en el país.