El Gobierno español ha dado un paso significativo al aprobar una modificación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta adenda, que se financiará con los famosos fondos europeos 'Next Generation EU', revisa un total de 160 medidas para asegurar su implementación efectiva antes de concluir el año 2026. Además, la nueva estrategia reduce a 22.800 millones de euros la cantidad de préstamos que España solicitará, lo cual representa menos del 25% de los créditos inicialmente asignados.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó que, en previsión del plazo de ejecución de los fondos, la Comisión Europea había instado a los Estados miembros a simplificar y acelerar sus planes desde junio pasado.

"Tanto España como otros 22 países de la UE estamos presentando estas adendas, las cuales buscan adaptarnos a un nuevo contexto, reafirmar las prioridades estructurales y optimizar el uso de los fondos", subrayó Cuerpo en sus declaraciones.

Aunque los objetivos principales del Plan permanecen intactos, se han actualizado 160 medidas con el propósito de disminuir la burocracia y facilitar su implementación. Por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, se ha modificado el hito relacionado con la ley del suelo, orientándose hacia la creación de una empresa pública del suelo y la reestructuración de Sepes.

El ministro añadió que, aunque se mantiene la ambición en la esfera de la vivienda, se están adaptando las iniciativas a la realidad actual del Gobierno, permitiendo una implementación más efectiva.

Respecto a la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, Cuerpo anunció que esta se desvinculará de los hitos del Plan de Recuperación, aunque su tramitación continuará en el Congreso de los Diputados.

Uno de los hitos que todavía integra el Plan, a pesar de las dificultades en el Congreso, es el aumento impositivo al diésel. La Comisión Europea ha otorgado un plazo adicional de seis meses para que España cumpla con esta obligación, que debe ser aprobada antes de finales de enero.

La adenda también refuerza las prioridades estratégicas mediante nuevas inversiones, como la asignación de 300 millones de euros a programas europeos de supercomputación y 2.500 millones para proyectos vinculados a la descarbonización y la transición energética.

El Gobierno ha optado por disminuir sus previsiones de endeudamiento a 22.800 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente el 25% de los 83.000 millones asignados inicialmente a España.

Una innovación destacada en esta adenda es la inyección de 13.000 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo que refuerza su capacidad de atender las necesidades de financiación de la economía nacional incluso más allá de 2026.

Tras esta simplificación, se establecerán alrededor de 230 hitos (tanto de transferencias como de préstamos) que deberán desarrollarse en los meses restantes del Plan de Recuperación. Esto facilitará el acceso a nuevos desembolsos por un valor aproximado de 31.000 millones de euros en fondos europeos hacia 2026.

En resumen, la implementación del Plan de Recuperación se traducirá en una inyección total de cerca de 103.000 millones de euros en la economía española durante el periodo 2021-2026.

El ministro Cuerpo destacó que el liderazgo de España en la implementación del Plan es crucial y enfatizó el impacto significativo que estos fondos han tenido en la economía. "La situación actual de las cifras económicas y el crecimiento que experimenta España no podrían comprenderse sin el efecto del Plan de Recuperación", afirmó.

Las proyecciones del Ejecutivo sugieren que el Plan de Recuperación generará un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de alrededor de 2,6 puntos porcentuales anuales, cifra que se incrementaría a aproximadamente 3,4 puntos para finales de la década.