MADRID, 10 de diciembre.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su preocupación sobre el nuevo Real Decreto que establece avales para propietarios que alquilan viviendas a jóvenes menores de 35 años o a personas en situación de vulnerabilidad. Según la OCU, estas políticas son meramente "soluciones provisionales" cuya efectividad todavía no ha sido comprobada.

En su comunicado, la OCU señaló que existen importantes restricciones en el acceso a este tipo de avales. Este sistema se aplicará únicamente a contratos dirigidos a personas menores de 35 años o a individuos en condiciones vulnerables, además de que las rentas no pueden exceder el índice estatal de referencia, que a menudo está muy por debajo de los precios del mercado en muchas localidades.

Además, la OCU indicó que la cobertura del aval es temporal, limitándose a contratos que estén vigentes hasta el 30 de enero de 2025. También se ha mencionado la falta de eficiencia en la gestión, dado que dependerá de las comunidades autónomas, las cuales necesitarán adelantar recursos que serán reembolsados meses más tarde, lo que podría retrasar la implementación de la medida.

Con respecto a la protección de los hogares en situaciones de vulnerabilidad, la OCU ha argumentado que son necesarias "soluciones sólidas y estructurales". Esto incluye aumentar la oferta de viviendas asequibles, asegurar la protección legal de los pequeños propietarios para que puedan recuperar sus inmuebles en tiempos razonables, y restringir la suspensión de desahucios únicamente a aquellos casos que realmente lo requieran, además de proporcionar compensaciones inmediatas a los inquilinos afectados y asegurar fondos adecuados para los servicios sociales a nivel autonómico y municipal.

Desde la OCU se ha hecho hincapié en la urgencia de corregir los desequilibrios en la oferta de vivienda en diferentes regiones y de atender el déficit habitacional en el medio y largo plazo.

Entre octubre de 2022 y octubre de 2025, España ha visto un incremento poblacional de 1,5 millones de habitantes, a la par que solo se han completado 274.500 nuevas viviendas, lo que ha derivado en un aumento del 12,8% en los precios de la vivienda durante el tercer trimestre de 2025.

Por último, la OCU ha manifestado su descontento con el hecho de que la vivienda no sea una prioridad real para los líderes políticos y ha destacado la falta de acuerdo para llevar a cabo una reforma significativa de la Ley del Suelo.