La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su descontento hoy desde Ginebra con respecto a la propuesta de la CEOE de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) solo un 1,5%. Esta cifra resulta irrisoria si se compara con las previsiones de inflación que se anticipan para 2025, que superarán ese porcentaje, según sus afirmaciones.

En el marco de una conferencia de prensa, Díaz anunció que este viernes se llevará a cabo una reunión con los expertos que asesorarán sobre la futura revisión del SMI. A partir de ese encuentro, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tendrá la tarea de convocar a los agentes sociales para discutir la propuesta de incremento del SMI que debería implementarse en 2026.

La ministra lamentó que, a pesar del crecimiento económico superior al 3% y la cifra récord de 22,4 millones de trabajadores en España, la patronal se muestra reacia al diálogo y a alcanzar un consenso en esta materia vital. Denunció la inercia de la CEOE, señalando que su presidente, Antonio Garamendi, pareciera más enfocado en su campaña electoral que en cumplir con sus responsabilidades.

Díaz subrayó que el país no puede permitirse que campañas personales interfieran en las negociaciones necesarias para avanzar en políticas laborales. La situación actual, según ella, refleja una falta de compromiso por parte de la patronal, que parece estar optando por la paralización del diálogo social.

En cuanto a las recomendaciones del comité de expertos sobre el SMI, estos han presentado dos posibles escenarios para el 2026, uno que incluye la tributación en el IRPF y otro que no. Con el SMI actualmente situado en 1.184 euros, sugieren un aumento que podría llegar a 1.221 euros mensuales si se opta por mantener la exención fiscal, o a 1.240 euros si se decide que sea gravado.

Estas propuestas significarían un incremento del 3,1% o del 4,7%, respectivamente, para que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio, tal como lo estipula la Carta Social Europea. Sin embargo, este planteamiento contrasta con lo que han sugerido las patronales y los sindicatos, creando un escenario de divergencias relevantes en cuanto a las expectativas para el salario mínimo.

Las organizaciones empresariales han propuesto un aumento moderado del 1,5%, que llevaría el SMI a 1.202 euros mensuales, mientras que CCOO y UGT han abogado por un incremento más significativo del 7,5%, elevando el SMI a 1.273 euros, con tributación obligada en el IRPF.

El comité asesor que evalúa el SMI, conformado por miembros del Gobierno, representantes sindicales y académicos, fue creado en 2021 con el objetivo de establecer un criterio claro sobre el ritmo de subida del salario mínimo, de manera que este refleje efectivamente la relación con el salario medio nacional, conforme a lo señalado en la normativa europea.