El Gobierno español ha tomado una decisión clave en la sesión del Consejo de Ministros del 18 de noviembre, aprobando el límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año 2026. Esta cifra alcanza un récord histórico de 216.177 millones de euros, incluyendo las aportaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Durante la rueda de prensa que siguió a la reunión del Consejo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que están cumpliendo con un objetivo fundamental en la elaboración de los presupuestos, destacando que estos serán beneficiosos para todos los ciudadanos.

Con la aprobación del techo de gasto y las metas de déficit y deuda pública, el Gobierno se ha preparado para presentar el proyecto de los PGE de 2026 ante las Cortes Generales. La senda de estabilidad económica para el periodo 2026-2028 requiere la aprobación parlamentaria, aunque cabe señalar que el techo de gasto no necesita de votación en las Cortes.

Montero enfatizó que estos nuevos presupuestos serán tanto "expansivos como responsables", y trabaja para que se reconozcan como una necesidad indispensable por parte de la mayoría de los grupos políticos con representación.

La senda de estabilidad, aprobada en el día de hoy, proporcionará directrices claras sobre la gestión de deuda y déficit, afectando a la Administración General del Estado, así como a las comunidades autónomas, entidades locales y el sistema de Seguridad Social.

Dentro de las proyecciones, se establece un plan de reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, que debe pasar del 2,1% en 2026 al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. A su vez, los gobiernos autonómicos tendrán un límite de déficit del 0,1% del PIB durante 2026, 2027 y 2029, mientras que se busca estabilidad presupuestaria para los municipios.

Por el contrario, la responsabilidad de la consolidación fiscal recae principalmente en la Administración General del Estado y en la Seguridad Social. En este ámbito, el objetivo será reducir el déficit al 1,8% en 2026, a diferencia del 2,2% estipulado para 2025.

Es notable que el techo de gasto incluye una transferencia de 22.881 millones de euros de la Administración Central hacia la Seguridad Social, en cumplimiento con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Montero subrayó que esta transferencia será totalmente asumida por la Administración Central, lo que impactará la trayectoria del déficit de la AGE.

Para los años posteriores, el objetivo de déficit para la Administración General del Estado será del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028, mientras que en lo relativo a la Seguridad Social, se prevé un déficit del 0,2% en los años 2026 y 2027, bajando al 0,1% en 2028.

En relación con la deuda pública, el Gobierno estableció que el objetivo será del 100,9% del PIB en 2026, alcanzando el 100% en 2027 y un 99,1% en 2028. Montero destacó el compromiso del Gobierno por seguir disminuyendo el pasivo del país, un esfuerzo que ha dado frutos en los últimos años, especialmente tras los niveles elevados alcanzados durante la pandemia.

Finalmente, la regla de gasto estipulada quedará en un 3,5% para 2026, seguido de un 3,4% en 2027 y un 3,2% en 2028, marcando así la evolución del control del gasto público en los próximos años.