Francia: el Senado aprueba multas de hasta 10.000 euros contra disturbios y saqueos

El Senado francés ha aprobado un proyecto de ley que endurece las sanciones contra los disturbios y los saqueos registrados durante las recientes manifestaciones. La norma prevé multas de hasta 10.000 euros para quienes causen daños y para los integrantes de grupos implicados en este tipo de acciones. El texto obtuvo 229 votos a favor y 105 en contra.

El origen de la iniciativa está en los episodios de violencia del 17 de octubre, durante las protestas convocadas en todo el país. El Gobierno ha presentado la medida como una respuesta urgente. Las autoridades señalan que más de 2.500 comercios resultaron afectados, lo que, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, justifica actuar con rapidez.

El núcleo jurídico del proyecto es la idea de responsabilidad colectiva. Esto significa que quienes pertenezcan a grupos que participan en daños intencionados podrían responder económicamente, aunque no hayan causado personalmente cada destrozo. Este principio es el que más debate ha generado, porque traslada la carga de la sanción a la pertenencia y no solo a la conducta individual.

La oposición, tanto de izquierda como de otros sectores, ha cuestionado el impacto de la norma sobre el derecho de manifestación. Advierten que la medida podría afectar también a personas que protestan de forma pacífica, al generar un efecto disuasorio sobre la participación en movilizaciones. El Gobierno, por su parte, sostiene que la ley distingue entre la protesta legítima y los actos vandálicos.

Tras su paso por el Senado, el proyecto debe ahora ser examinado por la Asamblea Nacional. Allí se decidirá si el texto se mantiene tal como fue aprobado o si sufre modificaciones. Mientras tanto, las marchas continúan para reclamar mejores condiciones en el sector educativo y medidas frente al elevado coste de la vida.

El desenlace parlamentario será clave para medir el alcance real de la norma. Más allá de su aplicación práctica, el debate de fondo sobre el equilibrio entre orden público y libertades civiles seguirá marcando la agenda política francesa en los próximos meses.