La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la convocatoria de ayudas al estudio para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, argumentando que estas ayudas discriminan a los estudiantes con discapacidad.
Según FIAPAS y CERMI, a partir del curso 2020-2021, la convocatoria exige que los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad tengan un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Esto elimina la posibilidad de acreditar estas necesidades educativas de otras formas reconocidas por profesionales del ámbito educativo. Para las organizaciones, esta nueva medida afecta, discrimina y excluye a un gran número de alumnos con discapacidad, ya que la definición de los criterios de acceso a las ayudas utiliza el término "discapacidad" como una categoría ajena a las necesidades educativas especiales y la atención específica que requieren.
Específicamente, FIAPAS ha señalado que esta interpretación ha perjudicado a estudiantes con sordera, especialmente a aquellos que utilizan audífonos con sorderas bilaterales moderadas y sorderas unilaterales severo-profundas. Este problema ha llevado a FIAPAS a solicitar que se restituyan los criterios anteriores de acceso a las ayudas. CERMI se ha unido a esta reclamación en defensa de los derechos de todos los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad que se han visto afectados por la restricción impuesta por el Ministerio de Educación.
Después de tres convocatorias sin cambios, FIAPAS y CERMI han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la convocatoria de ayudas al estudio para el próximo curso, exigiendo que se proteja el derecho a la educación de todos los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad sin ninguna restricción. Las organizaciones enfatizan que las familias de los estudiantes con discapacidad solicitan estas ayudas debido a sus necesidades educativas especiales, que existen independientemente del grado de discapacidad certificado. Consideran que esta discriminación en el acceso a las becas y ayudas afecta negativamente su derecho a la educación, ya que solo pueden costear ciertos apoyos educativos específicos gracias a estas ayudas.
En ambos recursos, FIAPAS y CERMI solicitan que, en caso de que el fallo produzca efectos retroactivos, los estudiantes que ya hayan cumplido los requisitos de la convocatoria actual no se vean perjudicados.
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