En un reciente encuentro del Consejo de Ministros, se ha presentado un informe elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en el que un comité compuesto por 50 expertos ha abordado un tema de crucial importancia: la influencia de los dispositivos móviles en los menores. Las conclusiones del informe son contundentes y proponen una serie de recomendaciones que buscan proteger a la infancia del impacto potencialmente nocivo de la tecnología. Entre las medidas destacadas, se sugiere la prohibición total de pantallas para los menores de 6 años y la limitación del uso de teléfonos inteligentes hasta los 16 años.

Los expertos proponen una serie de pautas claras. Para los niños de 0 a 3 años, la recomendación es la completa ausencia de exposiciones a dispositivos digitales. A partir de los 3 y hasta los 6 años, desaconsejan el uso de screens salvo en situaciones excepcionales, siempre bajo la vigilancia de un adulto para fomentar la socialización familiar y en contextos que involucran decisiones judiciales. Estas recomendaciones subrayan la necesidad de un acercamiento cauteloso y controlado hacia la tecnología en las etapas más tempranas de la vida.

Una vez que los niños llegan a la escolaridad, entre los 6 y 12 años, se insiste en limitar el uso de dispositivos con acceso a internet, promoviendo en cambio actividades al aire libre, deportivas y de interacción directa con el entorno. Estos enfoques no solo buscan proteger la salud mental y emocional de los menores, sino que también pretenden fortalecer el desarrollo de habilidades sociales fundamentales en un mundo cada vez más digitalizado.

Para aquellos adolescentes de 12 a 16 años a quienes se les permita el uso de tecnología, el informe enfatiza la importancia de implementar controles parentales para restringir el acceso a contenidos inapropiados, así como para gestionar el tiempo que pasan frente a las pantallas. En este contexto, se sugiere que los adolescentes utilicen teléfonos analógicos en lugar de smartphones hasta la edad de 16 años, mientras se fomenta la máxima prudencia al introducirles a dispositivos más avanzados.

El comité de expertos destaca que es esencial garantizar un acceso gradual y seguro a la tecnología, respetando a su vez los derechos de privacidad de los jóvenes, todo ello adaptado a su madurez y capacidad de manejo. Esta perspectiva balanceada contrasta con la visión más liberal que a menudo se tiene sobre el acceso a las tecnologías en edades tempranas.

En total, se han delineado 107 medidas que el Gobierno deberá considerar, organizadas en tres fases de implementación: corto, medio y largo plazo. La finalidad de estas propuestas es asegurar que las administraciones públicas dispongan de un marco de prevención, detección y protección, en respuesta a la creciente preocupación sobre la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia en el entorno digital.

Este informe, resultado de un trabajo altruista y minucioso, cuenta con un diagnóstico extenso que abarca los efectos que la tecnología puede tener en los menores. Se abordan aspectos que van desde la responsabilidad de la industria tecnológica, la interacción de los menores en redes sociales, el rol de las familias, hasta los mecanismos de protección que deberían existir en el plano digital.

Además de las recomendaciones prácticas divulgadas, se aboga por una regulación estricta del sector tecnológico, que incluya la creación de entornos digitales seguros por defecto y la obligación de etiquetar los dispositivos con advertencias sobre los riesgos asociados a su uso. De igual manera, se hace hincapié en la necesidad de robustecer los medios de denuncia y bloqueo de contenidos perjudiciales.

En el ámbito educativo, se subraya la imperante necesidad de regular el uso de dispositivos electrónicos dentro de las instituciones. Se establecen distinciones entre el uso personal de los estudiantes y el uso escolar, proponiendo la revisión exhaustiva de las aplicaciones disponibles y evitando la gratificación instantánea en el proceso educativo.

Por otro lado, con respecto a la regulación de los creadores de contenido, se manifiesta la necesidad de una normativa que prohíba exponer a los menores en actividades que generen ingresos, preservando su integridad y derechos. En este sentido, se hace un llamado especial a regular prácticas como el ‘sharenting’, donde los padres comparten fotos de sus hijos en redes sociales, una práctica que merece atención por las implicaciones que podría tener en la privacidad de los menores.

El equipo del comité está compuesto por 50 expertos de diferentes áreas y es liderado por Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Este grupo incluye representantes de organizaciones dedicadas a la infancia, así como de entidades que trabajan en la defensa de los derechos de los menores, asegurando una amplia representación de perspectivas en la creación del informe.

Finalmente, es destacado que en paralelo a la presentación de este informe, el Consejo de Ministros ya había comenzado a dar pasos hacia la regulación con la aprobación inicial del Anteproyecto de Ley Orgánica para proteger a los menores en entornos digitales, donde se incluye un número significativo de las propuestas aquí realizadas. El Ministerio de Juventud e Infancia se ha comprometido a evaluar las recomendaciones, con el fin de incorporarlas en el avance legislativo, mientras planifica una Estrategia Nacional para asegurar un uso positivo y responsable de la tecnología en la vida de nuestros niños y adolescentes.