La Alianza contra el Borrado de las Mujeres denuncia que el 62% de los protocolos educativos de las leyes trans autonómicas delegan la formación y sensibilización de los alumnos en organizaciones transactivistas en lugar de profesionales cualificados en disforia de género.

Según el informe presentado por la entidad, el 79% del alumnado está expuesto a postulados ideológicos que niegan el sexo como una realidad objetiva y que imponen en los centros educativos ideas sexistas basadas en estereotipos y prohibidas por la normativa en vigor y vinculante.

El 92% de los protocolos no exige cualificación alguna a las personas designadas para impartir formación y sensibilización en temas vinculados con la diversidad o identidad de género, a pesar de que intervienen en decisiones que, a juicio de la Alianza, son vitales y pueden ser irreversibles.

La Alianza denuncia que, al menos, el 38% de los protocolos han sido asesorados por las asociaciones transactivistas e incluyen enlaces a páginas web o información de contacto sobre estas asociaciones y un 31% de ellos facilitan enlaces a documentación online elaborada por las mismas ONG.

El documento señala que el 100% de los protocolos afirman un inexistente derecho a la identidad de género, enfocado a alentar la demanda de la sustitución del sexo registral de nacimiento, abriendo el camino de la transición social, farmacológica y quirúrgica en menores.

La Alianza advierte de que así ha sucedido en todos los países que han implantado protocolos educativos similares, fomentando irresponsablemente la llamada transición social que, lejos de fomentar un crecimiento en libertad, refuerza los estereotipos sexistas.

Las últimas investigaciones advierten de que la llamada transición social no es en absoluto inocua, sino una cinta transportadora que conduce a las y los menores a la transición médica y quirúrgica.

El 100% de los protocolos educativos autonómicos permite, a cualquier edad, el cambio de nombre en la documentación administrativa del centro sin que haya un cambio registral oficial y sin seguir un procedimiento legal garantista.

Una vez que un/una alumna, de cualquier edad, se autodiagnostica como trans o es detectado como tal por algún miembro de la comunidad educativa, todo el alumnado del centro tendrá que aceptarlo sin reservas, y el 100% de los protocolos lo permite y cualquier resistencia será considerada acoso.

Ante esta situación, la Alianza pide transparencia a las administraciones y a los centros educativos y solicita la creación de un Registro Estatal y Autonómico que recopile datos para un Informe público anual sobre esta casuística, con indicadores que permitan evaluar el impacto social de las políticas transgeneristas en escuelas e institutos.

También piden a los centros educativos la incorporación documentada de la opinión profesional cualificada antes de que el centro se precipite a dar pasos hacia una transición social que conduce a transiciones médicas y quirúrgicas irreversibles.

La Alianza considera de máxima urgencia suspender la difusión de contenidos educativos contrarios a la realidad material e impedir la promoción de teorías sexistas contrarias a los principios de la coeducación para la igualdad, así como prohibir las derivaciones desde los centros escolares a las asociaciones transactivistas que inducen a las terapias afirmativas entre los menores de edad.