El Gobierno ha aprobado el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), el cual supone el rechazo definitivo a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Además, establece un calendario para el cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, con un coste de 20.200 millones de euros que serán sufragados por los titulares de las instalaciones atómicas.

En este sentido, se ha dejado sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) como ubicación para el ATC.

El séptimo PGRR establece la política del Gobierno en cuanto a la gestión de los residuos radiactivos, incluyendo el combustible nuclear gastado, así como el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares.

El nuevo plan prevé que el cierre de las centrales nucleares se extienda desde 2027 hasta 2035, diferenciándose así del sexto PGRR que establecía su desaparición entre 2021 y 2028. Además, se establece que el desmantelamiento de las centrales nucleares debe comenzar tres años después de su cese de operación definitivo, con la excepción de Vandellós I, cuya última fase se llevará a cabo a partir de 2030.

En lugar del ATC, se propone la creación de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para almacenar el combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta su traslado al almacenamiento definitivo. Cada ATD estará compuesto por un Almacén Temporal Individual (ATI) de cada central, junto con una nueva instalación complementaria o medidas adicionales para el mantenimiento de los contenedores que almacenan el combustible gastado.

Además, se prevé la ampliación de la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en las centrales nucleares para permitir su explotación y desmantelamiento, tal como se planteaba en el sexto plan de residuos.

El plan también contempla la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP), que será el almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) asegura que este tipo de solución técnica ya estaba prevista en el sexto plan de residuos y establece que España seguirá un proceso de información y participación pública similar al de países europeos como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia, que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP.

Por otro lado, se mantendrá en operación el centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para los residuos de media, baja y muy baja actividad hasta que se complete el desmantelamiento de las centrales nucleares, como ya se había planificado en el sexto plan.

El séptimo plan ha seguido un proceso de tramitación desde 2020, siendo el primero en contar con una evaluación ambiental estratégica, que incluye una fase de consultas e información pública. Además, ha sido sometido a informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de las comunidades autónomas. Este nuevo plan reemplaza al aprobado en 2006, que debía haberse actualizado en 2015.

El MITECO asegura que el plan se alinea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece la hoja de ruta para que España cumpla con los objetivos europeos en materia de clima y energía. Además, se basa en el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y los propietarios de las instalaciones.

En cuanto al coste de 20.200 millones de euros, este será sufragado por el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, el cual es gestionado por Enresa y financiado mediante las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares. El Gobierno informará sobre la aprobación del plan a las Cortes y a la Comisión Europea.