El Supremo exige a Ábalos, Koldo y Aldama pagar 647.000 euros en quince días

El Tribunal Supremo ha requerido al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama que abonen en un plazo de 15 días los 647.000 euros a los que fueron condenados en el 'caso mascarillas', en concepto de multas, decomisos e indemnizaciones. El requerimiento se recoge en un auto de la Sala de lo Penal que abre la fase de ejecución de la sentencia dictada en junio.

La sentencia impuso 24 años de prisión a Ábalos, 19 a Koldo y cuatro a Aldama, que no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia. Los condenados deberán hacer frente ahora a las obligaciones económicas fijadas en el fallo, que el tribunal detalla con cifras concretas.

En cuanto a las multas, el Supremo reclama a Ábalos 52.500 euros, a Koldo 45.750 euros y a Aldama 75.000 euros. Además, los tres deberán afrontar el decomiso de las cantidades procedentes del delito de cohecho, que la sentencia cifró en 430.298 euros, una cantidad de la que, según el tribunal, se beneficiaron los tres condenados y que Aldama tenía encomendado repartir. La Sala considera procedente establecer una responsabilidad solidaria entre los condenados hasta cubrir la totalidad de esas ganancias.

El tribunal también exige a Ábalos y Koldo que indemnicen de forma conjunta y solidaria a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, con 34.450 y 9.500,54 euros respectivamente. Según la noticia, se trata de las compañías en las que fue colocada Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, quien cobró de ellas sin trabajar. Para estos pagos se concede un plazo de dos semanas; si no se abonan, se procederá por la vía de apremio en el caso de multas e indemnizaciones.

El Supremo encarga a la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos (ORGA) la gestión y realización de los bienes decomisados y acuerda practicar las liquidaciones de condena de las penas de prisión de Ábalos y Koldo, con el límite máximo de cumplimiento fijado en la sentencia: 16 años y medio para el primero y 15 para el segundo. En el caso de Aldama, el tribunal le exige comparecer semestralmente para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales, y le concede dos semanas para ratificar su consentimiento a realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad, condición impuesta para suspender su entrada en prisión.