El Supremo confirma 38.508 euros de honorarios de González Amador y rechaza que sean excesivos
El Supremo rechaza que los honorarios de 38.508 euros del abogado de González Amador sean excesivos, tras la condena de García Ortiz por revelación de datos.
El Tribunal Supremo ha rechazado la impugnación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y ha fijado en 38.508 euros la minuta del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en la causa en la que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de datos reservados. La tasación de costas queda aprobada definitivamente en 39.009 euros, incluidos los derechos de la procuradora.
La decisión se recoge en un decreto de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal, según informa Europa Press. La letrada señala que, tras valorar el trabajo profesional efectivamente desarrollado, la singular complejidad de la causa y el informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, "no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria" que permita calificar los honorarios como excesivos. Según el informe colegial, la cantidad reclamada es "ajustada" atendiendo a la complejidad del procedimiento, el tiempo de dedicación y el trabajo desarrollado.
El procedimiento de tasación surge tras la condena de García Ortiz en diciembre de 2025 por un delito de revelación de datos reservados de González Amador. El Supremo le impuso una multa de 7.200 euros, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular, y una indemnización de 10.000 euros al empresario por daños morales.
El letrado presentó inicialmente una minuta de 64.778,78 euros sin IVA, equivalente a 78.382,32 euros con impuesto. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado impugnaron la tasación por considerar "excesivos" e "indebidos" los honorarios y derechos incluidos. Un decreto de 26 de marzo estimó parcialmente la impugnación por partidas indebidas y fijó el total en 39.009,48 euros. Posteriormente, un auto de 2 de julio desestimó los recursos del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado y confirmó el decreto.
Con estas resoluciones, la cuantía de las costas queda fijada en firme en la vía de tasación. La noticia no recoge más pasos procesales pendientes en este procedimiento.