El Gobierno rechaza ampliar la suspensión del voto a los hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos'
El Gobierno se opone a ampliar la suspensión del voto a hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos' en las generales del 29-N, alegando inseguridad jurídica.
El Gobierno se opone a que el Tribunal Supremo amplíe la suspensión del voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Según la Abogacía del Estado, la medida provocaría "inseguridad" tanto para los afectados como para el escrutinio. La posición se recoge en un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso Europa Press.
La petición había sido presentada por Vox e Iustitia Europa. La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sostiene que las medidas cautelares solicitadas no son "conformes y ajustadas a derecho". Pide además a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que, con carácter previo, emplace a los terceros afectados.
El Estado sostiene que la suspensión podría afectar de forma "notoria" e "indubitada" al derecho fundamental al sufragio activo de las personas implicadas. Añade que también incidiría en el desarrollo del proceso electoral en curso, que quedaría condicionado por la eventual inclusión de sufragios emitidos pero aún pendientes de computar. Según el escrito, la petición es además "indeterminada" y de "imposible cumplimiento", ya que la relación nominal de afectados "no existe" y exige encadenar situaciones sin certificación consular.
Los servicios jurídicos del Estado cifran en 189.678 las personas que podrían verse afectadas, a partir de las inscripciones practicadas en las oficinas consulares al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Señalan que no se identifican los medios materiales y humanos necesarios y subrayan el esfuerzo ya desplegado por la Administración a través de los consulados para cumplir pronunciamientos cautelares anteriores. Consideran que extender la medida a nuevos colectivos, en apenas unas semanas y en pleno proceso electoral, es "materialmente incompatible" con los recursos disponibles.
El Supremo debe pronunciarse sobre la petición dentro del plazo abierto. La decisión determinará si la suspensión del voto se amplía o se mantiene en los términos actuales.