El Congreso ha sido escenario de intensas negociaciones del Gobierno en relación con la reforma de la Ley de Extranjería, específicamente en lo que se refiere al reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. A pesar de los esfuerzos del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, las conversaciones no han dado frutos hasta el momento.

En el Pleno de este martes, durante el debate sobre la toma en consideración de la norma, el PP y Junts han instado a los partidos firmantes, como el PSOE, Sumar y CC, a retirar la reforma. Incluso Vox ha reiterado su rechazo a la iniciativa en su forma actual.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha expresado su preferencia por no someter el texto a votación si no hay un acuerdo para garantizar su tramitación. Sin embargo, para tomar esta decisión, también se necesita el acuerdo del PSOE y Sumar, los otros dos firmantes del documento. "Si en las próximas horas no llegamos a un acuerdo, pediré que no se lleve a votación, que quede en suspense y que sigamos dialogando", ha declarado.

El objetivo principal de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería es distribuir de manera obligatoria a los menores migrantes no acompañados de los territorios con una ocupación del 150%. Tras el rechazo de Junts y Vox, el Gobierno necesitará al menos la abstención del PP, que ha fijado sus condiciones para cambiar su voto y no oponerse a la toma en consideración.