Crónica España.

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El Congreso interviene en una sesión de control centrada en la corrupción y las denuncias de Aldama.

El Congreso interviene en una sesión de control centrada en la corrupción y las denuncias de Aldama.

El Partido Popular se prepara para llevar a cabo una votación en el Congreso, en la que exigirá las "explicaciones pertinentes" al Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, ante las recientes acusaciones de corrupción que salpican a varios miembros de su gabinete.

Esta semana se llevará a cabo una sesión de control, donde el presidente del Gobierno y sus ministros deberán enfrentar preguntas incisivas sobre las revelaciones del caso Koldo. En particular, se centrarán en las declaraciones de Víctor de Aldama, quien ha afirmado que las interacciones con el presidente fueron solicitadas por el propio Sánchez como agradecimiento por gestiones realizadas en México.

Además, De Aldama sostiene que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió grandes sumas de dinero en efectivo, incluyendo 15.000 euros en un sobre y una cantidad aún mayor destinada a otros miembros del partido, incluyendo al exministro José Luis Ábalos. Estas inquietantes declaraciones han creado un clima de incertidumbre y múltiples interrogantes desde la oposición, que exige claridad y transparencia.

Para el miércoles, se prevé que la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, dirija una pregunta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuestionándole sobre un posible contacto entre Sánchez y De Aldama. Las inquietudes del PP en torno a la gestión del Gobierno no se limitan a una sola pregunta; otros diputados del partido también buscarán respuestas sobre el cese de Ábalos y la garantía de la honestidad en el Ejecutivo.

El portavoz del PP, Borja Sémper, también se unirá a la sesión para interrogar a Bolaños sobre la ocultación de ciertas reuniones que implicarían a otros miembros del Gobierno, lo que podría señalar un intento de encubrir irregularidades. Asimismo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará su momento con Sánchez para indagar si el presidente está dispuesto a responder a las dudas de los españoles sobre estos escándalos.

En la misma línea, Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, planea interrogar a la vicepresidenta Yolanda Díaz acerca de su postura frente a la supuesta corrupción que afecta al Gobierno. Los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres también se verán envueltos en esta vorágine de preguntas, ya que se espera que respondan inquietudes sobre sus vínculos con De Aldama y las gestion de viajes polémicos durante la crisis de la pandemia.

Además, el PP ha dado un paso audaz al presentar una interpelación que no solo abarca las declaraciones de Aldama, sino que también aborda la relación del ex presidente canario con la trama de compraventa de mascarillas. Esta situación podría significar un punto de inflexión en la percepción pública del Gobierno y sus ministros.

Desde Vox, Pepa Millán se enfocará en interpelar a Bolaños sobre la posibilidad de futuros escándalos del Gobierno, mientras que el líder del partido, Santiago Abascal, también ha registrado preguntas que obligarían a Sánchez a reflexionar sobre la eficacia de estas sesiones de control y su rendimiento ante la opinión pública.

Junto a las preguntas, el PP presentará una moción que instará al Congreso a exigir al Gobierno una respuesta clara ante las incriminaciones de De Aldama, así como sobre las conexiones reveladas en informes policiales que están bajo la investigación del tribunal correspondiente.

Este conjunto de acciones proviene de la interpelación del pasado miércoles al ministro Félix Bolaños, en la que el PP lanzó un llamado a cesar en los ataques a la judicatura y a respetar su independencia, evitando injerencias que podrían afectar la aplicación de la ley. La exigencia del respeto por el Poder Judicial es un pilar central de la moción que se debatirá en el Congreso, marcando el tono de la oposición ante lo que consideran un asalto a la institucionalidad democrática.

Por último, el PP aplicará presión sobre el Gobierno para que desista de sus planes de modificar el acceso a la Carrera Judicial, promoviendo en su lugar criterios de igualdad, mérito y capacidad que aseguren la integridad del sistema judicial en lugar de darle la bienvenida a criterios subjetivos y arbitrarios.