En Madrid, el 27 de diciembre, Roberto García Ceniceros, quien recientemente asumió el cargo de presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), ha expresado su preocupación por la creciente división dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según él, esta fragmentación ha llevado al CGPJ a reproducir los mismos problemas que han afectado a sus predecesores.
García Ceniceros compartió sus inquietudes durante una entrevista con Europa Press, en el contexto de su reciente elección durante el XXI Congreso del FJI, que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en Albacete. En sus declaraciones, el magistrado, que actualmente ejerce en la Audiencia Provincial de Barcelona, confía en que la nueva configuración del CGPJ podría ser un catalizador para iniciar un modelo renovado. Sin embargo, se mostró pesimista al observar que el Consejo está "incluso más polarizado en bloques", en los que algunos vocales se sienten orgullosos de su alineación.
El nuevo presidente del FJI se refirió específicamente a las disputas recientes dentro del CGPJ, donde la mayoría conservadora, que teóricamente tiene la misma cantidad de vocales que la progresista, logró imponerse con el respaldo de la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, así como del vocal Carlos Hugo Preciado, que se autodenomina "progresista independiente". Esta lucha interna ha desencadenado una crisis que provocó la renuncia del vocal progresista José María Fernández Seijo, renuncia que Perelló finalmente rechazó.
En este contexto, García Ceniceros describió la controversia como una "guerra sangrante", subrayando que la Asociación Judicial no respalda a candidatos para el CGPJ y observa estos conflictos "desde la distancia". Desde su perspectiva, le sorprendió escuchar a otros vocales hablar de una ruptura en las dinámicas de voto, destacando que lo que realmente está en juego es una severa disciplina de voto que considera inaceptable.
El nuevo presidente del FJI indicó que el verdadero problema no reside en el equilibrio numérico entre las facciones conservadora y progresista, sino en la existencia misma de estos bloques. En esta línea, ha criticado el modelo actual de elección de vocales del CGPJ y ha pedido una reforma urgente para que el proceso de nombramiento sea más objetivo y menos dependiente de criterios discrecionales.
Además, se refirió a la implementación de los tribunales de instancia, que ha sido llevada a cabo de manera insuficiente debido a la falta de inversión adecuada. No obstante, el magistrado se mostró favorable a la idea de una nueva oficina judicial que unificara la organización administrativa de estos tribunales. Considera esencial homogenizar los criterios de admisión y tramitación de los casos, ya que la diversidad actual, según su experiencia en los juzgados de Barcelona, crea un caos en la admisión de demandas.
García Ceniceros enfatizó la necesidad de inversiones sustanciales que incluyan no solo infraestructura y personal, sino también un expediente judicial competente. Para alcanzar una mayor interconectividad entre los juzgados, consideró que es imprescindible contar con sistemas que permitan la comunicación efectiva entre diferentes partidos judiciales, algo que actualmente es deficiente.
Finalmente, concluyó que la implementación de los tribunales de instancia está avanzando de manera precaria, dependiendo excesivamente del voluntarismo de los operadores judiciales. Afirmó que, aunque la organización de la Justicia puede mejorar, los problemas fundamentales son más complejos y no pueden ser resueltos simplemente mediante reformas estructurales.
Al finalizar el XXI Congreso, el FJI decidió adoptar medidas de presión colectiva, incluyendo la posibilidad de huelga, tal como ocurrió en julio pasado. García Ceniceros recordó que este ultimátum data de mayo de 2023, cuando las asociaciones judiciales amenazaron con un paro que fue finalmente desconvocado tras llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre ciertas condiciones de trabajo.
Entre las exigencias de las asociaciones está la necesidad de convocar más plazas para jueces, en un contexto donde la jubilación de muchos jueces de las generaciones de los 80 y 90 ha dejado vacantes significativas. A pesar de que se convocan anualmente 200 plazas, García Ceniceros sostiene que eso no es suficiente para cubrir las jubilaciones y asegurar un efectivo relevo generacional en la carrera judicial.
El magistrado señaló que la respuesta del Ministerio ha estado centrada en iniciativas legislativas pendientes, así como en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2022. Por ello, considera que las promesas del Gobierno son poco creíbles y equiparables a "el cuento de la lechera", manifestando una evidente desconfianza hacia las intenciones del Ejecutivo en cuanto a la reforma judicial.
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