La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno que presente la reforma de la educación en la mesa sectorial y que defina la financiación necesaria para cumplir con el plan de refuerzo en Educación y el destino de estos fondos. CSIF, que estará presente en la reunión de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, con el Consejo Escolar del Estado, ha valorado positivamente que el Ejecutivo finalmente reconozca las necesidades del sistema educativo con su plan de refuerzo en Matemáticas y Comprensión Lectora. Sin embargo, considera que estas medidas deben ir acompañadas de reformas estructurales y un Pacto de Estado que permita estabilizar el sistema educativo, fortalecer la figura y autoridad del profesorado a través de un Estatuto Docente, reducir el número de alumnos por aula, aumentar las plantillas e incrementar la financiación.

En opinión de CSIF, el Ministerio de Educación debe mostrar liderazgo tanto en el reparto como en el control de la inversión educativa para evitar la falta de transparencia en relación al destino de los fondos europeos. El sindicato considera que esta inversión debe traducirse en una mejora de la calidad de la enseñanza en las aulas, con el fin de resolver los problemas que persisten en la Educación desde hace más de tres décadas, como el bajo nivel educativo, el fracaso y abandono escolar temprano, el desempleo juvenil y las diferencias entre comunidades autónomas. Además, CSIF exige al Ministerio de Educación que avance en la implementación del Estatuto Docente, tal y como se contempla en la nueva ley educativa, ya que considera que no se lograrán los objetivos sin apoyar al profesorado mediante una regulación que refuerce sus funciones, le otorgue la autoridad y jerarquía necesarias para aplicar las reformas y le proporcione mejores competencias para realizar su trabajo, como eliminar la burocracia innecesaria. El sindicato considera que es esencial una ley orgánica de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.

En cuanto a la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas, CSIF reclama una regulación clara sobre su uso en los centros educativos y el fortalecimiento de la autoridad de los profesores. Según un estudio realizado por CSIF, en el que participaron más de 3.000 docentes que trabajan en centros públicos de Enseñanza Primaria y Secundaria en todas las comunidades autónomas, el 91% de los profesores denuncian problemas de convivencia, siendo la mayoría de ellos atribuidos al mal uso de los móviles y las redes sociales. El sindicato exige al Gobierno que consulte al profesorado sobre las medidas que pretende implementar, así como que proporcione instrucciones concretas y homogeneidad en todas las comunidades autónomas, sin dejar toda la responsabilidad en manos del profesorado para tomar decisiones.