BRUSELAS, 29 de enero.

La Comisión Europea ha enfatizado la necesidad de que los Estados miembros actúen con mayor celeridad y determinación para alcanzar las metas de reducción de contaminación establecidas para 2030. Este llamado se produjo durante la revisión intermedia del Plan de Acción hacia la Contaminación Cero, donde se evaluaron los logros desde la implementación de la estrategia.

El informe revela que, aunque gran parte de la legislación necesaria ya ha sido puesta en marcha, los esfuerzos actuales no serán suficientes a menos que los países hagan un esfuerzo adicional en la aplicación efectiva de las normativas y procedan "con rapidez y determinación".

Asimismo, la Comisión subraya que combatir la contaminación va más allá de la simple cuestión ambiental; es un desafío de salud pública que afecta directamente al bienestar de los ciudadanos y a la calidad de vida en toda la Unión Europea.

Además de los beneficios ambientales, la Comisión destaca que la reducción de contaminantes podría generar impactos económicos y sociales positivos, proporcionando ventajas tanto a empresas como a ciudades y regiones, al crear entornos más saludables y sostenibles.

Desde 2021, la Unión Europea ha actualizado varias de sus directivas clave, como la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre Emisiones Industriales, con el objetivo de progresar en la reducción de contaminantes.

Bruselas también ha lanzado nuevas iniciativas relacionadas con la resiliencia hídrica, la protección de los océanos, la agricultura, la industria química y la bioeconomía, que forman parte de su estrategia para conseguir una contaminación cero.

En otro ámbito, la Comisión ha publicado un estudio sobre los costos sociales asociados a la contaminación por PFAS, las llamadas "sustancias químicas permanentes". Este análisis indica que, si no se implementan nuevas medidas regulatorias, el costo social de mantener los niveles actuales hasta 2050 podría ascender a aproximadamente 440.000 millones de euros.

El informe menciona que la intervención temprana para reducir las emisiones de PFAS es la opción más económica: actuar antes de 2040 podría generar un ahorro de 110.000 millones de euros, en contraste con los costos que implicaría solo tratar el agua contaminada, que podrían superar el billón de euros.

Bruselas recuerda que ya se han tomado medidas para controlar los riesgos relacionados con la exposición a estas sustancias, incluyendo la prohibición de los compuestos más nocivos; y con la revisión de la Directiva sobre Agua Potable, todos los Estados miembros deberán vigilar los niveles de PFAS en el agua de consumo para cumplir con las nuevas normativas europeas.

De igual manera, la Agencia Europea de Sustancias Químicas está evaluando una propuesta para establecer una restricción universal de los PFAS, en un debate que continúa vigente en el marco de las políticas comunitarias relacionadas con la contaminación y la salud pública.