Autismo España respalda la regulación del facilitador como algo imprescindible para que las personas con discapacidad tengan acceso a la Justicia. En un seminario sobre 'Mujer y Justicia' organizado por el Ministerio de Justicia en IFEMA, representantes de las diferentes delegaciones de los países de la Unión Europea han participado en esta discusión durante la presidencia española de la Unión Europea.

La responsable de derechos de Autismo España, Paloma Rodrigo, ha destacado que el 'facilitador' actúa como mediador entre la persona con discapacidad y el sistema jurídico, garantizando el acceso a la Justicia para este grupo.

En el seminario sobre el acceso a la justicia de las personas vulnerables también han participado Ana Peláez, Alta Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE y vicepresidenta de la Fundación ONCE para América Latina, Alexandra Bopp, Fiscal jefe adjunta de área norte de Norrort (Estocolmo), y Georgina Lara, coordinadora de Operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esta mesa de discusión ha examinado la falta de recursos en los distintos ámbitos para favorecer el pleno acceso a la Justicia de mujeres, niños, personas con discapacidad y extranjeros en los países europeos.

Paloma Rodrigo ha señalado las barreras específicas que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a la Justicia, como la falta de accesibilidad cognitiva en los juzgados y tribunales, destacando la necesidad de introducir sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.

"Es fundamental que los operadores jurídicos sean capacitados en el conocimiento de las diferentes discapacidades y estén conscientes de la nueva reforma, al igual que el resto de la sociedad", añadió.

En la jornada también se han discutido otros temas, como la participación de las mujeres en la justicia, delitos en materia de violencia contra las mujeres, trata de mujeres y niñas, explotación sexual y violencia digital, el camino hacia un Pacto Europeo por la igualdad y contra la violencia contra las mujeres, y los instrumentos nacionales y europeos de protección de las víctimas de violencia contra las mujeres en el proceso judicial.