MADRID, 20 de enero. Los gobiernos de Asturias y Cantabria han llevado a cabo este martes una defensa de su gestión sobre la población de lobos ante el Tribunal Supremo. El gobierno asturiano ha rechazado un recurso de casación que cuestiona el Programa Anual de Control del Lobo para 2022-2023, así como los métodos de regulación planteados en su II Plan de Gestión del Lobo. Por su parte, Cantabria ha interpuesto un recurso contra una reciente sentencia que anuló la extracción de lobos en varios municipios de la región.

En la primera audiencia, el abogado del Principado de Asturias argumentó que el recurso en cuestión intenta dilucidar si un supuesto "cupo" de extracción establecido por la comunidad autónoma infringe una normativa relacionada con el lobo que, según él, ha quedado "tácitamente derogada" con la implementación de la Ley de Desperdicio Alimentario del año pasado, citando una resolución de la Audiencia Nacional.

El letrado planteó, por lo tanto, que el recurso ha perdido su objeto original, lo que podría dar lugar a su inadmisión o desestimación, ya que el Tribunal Supremo no se pronunciaría sobre un tema que, en su opinión, ya ha sido resuelto por el nuevo marco normativo.

En contraste, la abogada de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) reafirmó que el lobo fue añadido al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021. Según la legislación relacionada con el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, solo se permiten excepciones limitadas en las que se autorice la extracción de lobos, y estas deben no comprometer el estado de las poblaciones y garantizar que no existan alternativas viables.

La representante de ASCEL señaló que el gobierno asturiano establecía un "cupo" de extracción del 9% sin haber demostrado previamente el cumplimiento de los requisitos necesarios para justificar dichas extracciones, lo que, sostuvo, contraviene tanto la normativa como la jurisprudencia existente.

En la segunda audiencia, el abogado del Gobierno de Cantabria indicó que su objetivo no es reabrir el debate sobre la situación de conservación del lobo, sino aclarar los criterios aplicables a la legislación existente sobre la extracción de ejemplares. Según su perspectiva, los criterios establecidos en la sentencia impugnada exceden el marco normativo que define la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, además de aplicar de manera incorrecta las exigencias comunitarias.

Por su parte, la abogada de Ecologistas en Acción Cantabria solicitó que se confirme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en su totalidad. Su argumento se basa en la creencia de que el Gobierno de Cantabria intenta "desnaturalizar" el régimen de protección del lobo, insistiendo en que la sentencia no exigía un análisis exhaustivo por parte de la comunidad autónoma, sino que constataba la falta de pruebas adecuadas para justificar las extracciones.

Durante la audiencia, comparecieron representantes legales del Gobierno de Cantabria, de Ecologistas en Acción-Cantabria, y de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, quienes defendieron diversas posturas en relación con el caso.

ASCEL declaró a Europa Press que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria había desestimado seis sentencias que autorizaban la extracción de lobos en la región, de las cuales tres eran anteriores a esta discusión y otras tres permitían finalmente la extracción de ejemplares específicos.

Fuentes del Tribunal Supremo informaron a Europa Press que después de escuchar los argumentos presentados en la vista, el Alto Tribunal establecerá un criterio que regule el tratamiento de recursos de casación similares en el futuro.