El Partido Popular lleva semanas denunciando la política energética del Gobierno español, alegando que la eventual decisión de cerrar plantas nucleares representa un grave riesgo para el futuro energético del país. Durante la última sesión de control al Gobierno, la portavoz del PP acusó al Ejecutivo de estar abocado a un "suicidio energético" tras la reciente aprobación de una proposición que insta a mantener operativas las centrales nucleares más allá del calendario previsto por las empresas.

La diputada Guillermo Mariscal cuestionó a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre si el Gobierno estaba dispuesto a cumplir con el mandato del Congreso para prolongar la vida útil de estas instalaciones. En respuesta, Aagesen insistió en que las decisiones sobre el cierre son competencia de las empresas y no del Gobierno, reiterando que el sector energético en España opera bajo un modelo liberalizado.

Mariscal, defendiendo la postura del PP, subrayó que no se puede dejar en manos de las empresas el diseño de la política energética del país, advirtiendo que esta situación pone en peligro miles de empleos cualificados en diversas centrales nucleares. El diputado sostuvo que España se encuentra en una posición única al optar por el cierre de sus plantas nucleares, lo que podría provocar una crisis de competitividad en la industria nacional, especialmente en un contexto donde los precios energéticos son fundamentales para la viabilidad de las empresas.

A pesar de las advertencias del PP, Aagesen sostuvo que el actual modelo de planificación energética del Gobierno está orientado a atraer inversiones, destacando que España se encuentra en camino de contar con la energía más competitiva de Europa. Afirmó la importancia de los recursos renovables, como el sol y el viento, en el futuro del sector energético del país, y pidió reconocimiento al éxito de las políticas de transición ecológica.

La ministra también defendió que su gabinete está asegurando un suministro energético fiable y que mantiene un diálogo constante con todas las partes implicadas en el sector, incluyendo a las comunidades autónomas interesadas en discutir el papel de la energía nuclear. Resaltó que, lejos de dejar las cosas al azar, el Gobierno está trabajando en planes concretos para abordar los efectos de las decisiones sobre las centrales nucleares en los territorios afectados.

Por último, Aagesen lanzó un cuestionamiento al PP sobre las repercusiones económicas de la gestión de los residuos nucleares, aludiendo a costos que superan los 20.000 millones de euros y que recaerían sobre la población española si no se gestiona adecuadamente. La ministra instó a considerar las implicaciones fiscales de las políticas propuestas por la oposición, en un contexto donde el futuro energético del país está en juego.