Vox lleva a Óscar Puente al Supremo por el accidente ferroviario de Urda

Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones, en relación con el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo). La formación acusa al titular de Transportes de no haber ejercido sus deberes de supervisión sobre la seguridad ferroviaria.

El siniestro se produjo este miércoles en la provincia de Toledo. La investigación del accidente corresponde al juzgado de Orgaz, pero la querella se ha dirigido al Supremo porque Puente, como ministro, goza de aforamiento y solo puede ser juzgado por el alto tribunal.

Según el escrito de Vox, la acusación no se basa en una responsabilidad objetiva derivada del cargo ni en actos de subordinados. Se centra en la omisión de deberes personales de garantía: la falta de una supervisión efectiva sobre los mecanismos de detección de riesgos, la aplicación de los procedimientos de seguridad y el seguimiento de medidas correctoras tras accidentes graves y advertencias previas.

La formación detalla qué debería haber hecho el ministro: requerir información técnica suficiente, exigir evaluaciones documentadas de deficiencias relevantes, impulsar inspecciones o auditorías, pedir planes correctores con responsables y plazos, y verificar su ejecución. Además, solicita que el Supremo le tome declaración como investigado, escuche testigos y designe peritos independientes en circulación ferroviaria.

Desde el punto de vista jurídico, el caso plantea una cuestión relevante: hasta dónde llega la responsabilidad penal de un responsable político por omisión en la supervisión de organismos adscritos. La doctrina exige, para estos delitos, un vínculo causal y una posición de garante clara, aspectos que el tribunal tendrá que valorar tras analizar la admisión de la querella.

Políticamente, la iniciativa se enmarca en la confrontación habitual entre el Gobierno y la oposición sobre la gestión ferroviaria. Más allá de su recorrido judicial, la querella servirá para situar en el debate público la responsabilidad de la supervisión de la seguridad en el sistema ferroviario, a la espera de que avancen las investigaciones técnicas y judiciales sobre las causas del accidente.