Qué hay detrás de las acusaciones del PP sobre la seguridad ferroviaria tras el choque de Urda

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de conocer desde hace tiempo los problemas de seguridad de la red ferroviaria y de incurrir en negligencia e incompetencia. Las declaraciones se producen tras el choque de dos trenes en Urda (Toledo), que ha causado al menos 69 muertos, según las cifras difundidas hasta el momento.

Hernando sostiene que el Ejecutivo llevaba mucho tiempo al corriente de las deficiencias del sistema de seguridad. Habla de una gestión irresponsable que, a su juicio, pone en riesgo a millones de viajeros. El dirigente popular también recuerda que el sistema de alta velocidad fue durante años un referente internacional y que ahora se ha convertido, en sus palabras, en un símbolo de la catástrofe.

El núcleo técnico del debate gira en torno al sistema de seguridad que sustituyó al LZB, el dispositivo que falló en el accidente. Según la información publicada, el nuevo sistema se licitó hace cinco años y debía estar operativo desde enero. No lo estaba. Hernando afirma además que, en mayo, el Gobierno comunicó a Bruselas que la sustitución ya se había realizado, algo que pone en cuestión el uso de fondos europeos destinados a ese proyecto.

El contexto político se agrava por la reciente supresión del comité de expertos en accidentes tras el siniestro de Adamuz (Córdoba), decisión que el PP interpreta como un intento de reducir el control técnico independiente. Hernando dirige sus críticas no solo al ministro de Transportes, Óscar Puente, sino también al presidente del Gobierno, a quien señala como responsable político por respaldar y promocionar al titular del departamento.

Por otra parte, el Ejecutivo ha apuntado a un posible error humano como causa del choque. El PP rechaza esta explicación y la considera una forma de desviar la atención de las responsabilidades institucionales. La controversia conecta así la investigación técnica con el debate parlamentario sobre la gestión de las infraestructuras y el uso de los fondos públicos.

En las próximas semanas será decisivo conocer las conclusiones de la investigación oficial, la situación real del nuevo sistema de seguridad y las explicaciones que aporte el Gobierno ante Bruselas. Del resultado dependerá no solo la depuración de responsabilidades, sino también la confianza ciudadana en un servicio que la sociedad española considera una de sus principales referencias de modernidad.