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Domingo, 1 de noviembre de 2026 Edición nacional · Red Crónica
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Un juez investiga a exfuncionario del Gobierno de Ayuso por irregularidades en residencias.

Redacción automática · Crónica España 2 min de lectura

En Madrid, el Tribunal de Instancia de Getafe ha decidido profundizar en la investigación del exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, a raíz de un presunto caso de prevaricación vinculado a las decisiones tomadas sobre los protocolos de derivación de pacientes desde residencias a hospitales durante la crisis sanitaria del COVID-19.

Esta ampliación se deriva de una denuncia presentada por el PSOE, la cual ha sido parcialmente admitida, centrando la atención en las instrucciones que Mur habría dado al Hospital de Getafe y al centro geriátrico 'Los Ángeles'. Además, se ha decidido incluir en la investigación a Francisco Javier Martínez Peromingo, quien ocupó el puesto de Mur tras su gestión.

Las acusaciones de prevaricación se centran en las órdenes relacionadas con la atención a personas mayores, enfermos y discapacitados durante la pandemia, así como las decisiones sobre la ‘medicalización’ de las residencias en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el juez ha determinado que la investigación no se extenderá a un ámbito más amplio, limitándose a las circunstancias específicas ocurridas en Getafe, ya que lo contrario excedería su jurisdicción.

Además, Carlos Mur enfrenta acusaciones adicionales relacionadas con la posible discriminación en el acceso a la atención sanitaria, en relación con los protocolos implementados al inicio de la pandemia en la región. En febrero pasado, Mur afirmó que las instrucciones que se llevaron a cabo formaban parte de un plan más amplio que fue presentado por el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una conferencia de prensa realizada el 12 de marzo de 2020.

El exalto cargo precisó que, en un correo enviado el 20 de marzo de 2020 al exconsejero, advirtió sobre la inviabilidad práctica de la medicalización de las residencias, lo que añade un nuevo nivel de complicación a su situación legal en el contexto de la gestión de la crisis sanitaria más grave en España en años.

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