En una reciente comunicación, las direcciones de varias filiales de Telefónica en España han anunciado su intención de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE), citando razones objetivas para esta decisión. Esta información fue confirmada por los sindicatos UGT y Sumados-Fetico, que han emitido comunicados al respecto.

A pesar de que aún no se han revelado oficialmente los detalles específicos sobre cuántos empleados serán afectados, se anticipa que las compañías involucradas, entre ellas Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, recibirán esta información el próximo 24 de noviembre. Otras entidades de la compañía seguirán con la entrega de cifras al día siguiente.

Filtraciones preliminares sugieren que la propuesta inicial de la compañía podría implicar la salida de entre 6,000 y 7,000 trabajadores, aunque es habitual que durante las negociaciones esta cifra se reduzca considerablemente.

UGT ha manifestado su compromiso de negociar de buena fe, cumpliendo con los plazos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el sindicato también ha enfatizado la necesidad de asegurar los derechos de los trabajadores y se ha opuesto firmemente a la idea de utilizar despidos como una solución a los problemas organizativos.

A continuación, UGT ha demandado que se inicien de inmediato las negociaciones para todos los convenios colectivos, exigiendo que su vigencia se extienda, al menos, hasta 2030. Esto es considerado crucial para mantener la estabilidad y defender los derechos laborales de todos los empleados afectados por la situación.

Por su parte, el sindicato Sumados-Fetico ha expresado su desacuerdo con el enfoque que parece sugerir que la única vía de futuro para los empleados sería la salida anticipada, en particular para aquellos en ciertas franjas de edad. El sindicato ha exigido que cualquier ERE propuesto sea voluntario, inclusivo y sin discriminaciones, garantizando que las condiciones económicas sean comparables a las de despidos anteriores.

En un contexto similar, recordamos que el último ERE de Telefónica resultó en la salida de 3,420 empleados, una cifra más baja que las 5,124 propuestas al inicio de las negociaciones que se cerraron en enero del 2024. Este despido colectivo tuvo un costo cercano a 1,300 millones de euros, y aunque la indemnización fue considerable, se estima que la empresa logró un ahorro anual promedio de 285 millones de euros como resultado.

Sumados-Fetico ha señalado que, aunque el ERE puede ser impulsado por necesidades empresariales, es esencial que la compañía desarrolle un plan a largo plazo para aquellos empleados que permanecen, encaminándose hacia un convenio colectivo robusto que asegure condiciones laborales estables y permanentes.

Se debe recordar que, a mediados de octubre, Telefónica y los sindicatos lograron establecer un 'marco social' que busca igualar los derechos de los trabajadores en todas las divisiones de la empresa en España, enfatizando la importancia de poner a las personas en el centro de su planeación empresarial.

Este 'marco social' tiene como pilares la cohesión, el desarrollo profesional y la igualdad, en un periodo marcado por transformaciones tecnológicas y estructurales. Las iniciativas incluyen medidas para optimizar la organización del trabajo y garantizar la retención de talentos, así como la inclusión y diversidad en el entorno laboral.

El nuevo ERE está relacionado con el plan estratégico actual de Telefónica, que prevé un ahorro de costes de unos 3,000 millones de euros para el año 2030 y 2,300 millones para 2028, abarcando aspectos ligados a la plantilla. Durante la presentación de este plan, Emilio Gayo, el CEO de Telefónica, indicó que cualquier posible reducción de personal se negociará de la mano con los representantes de los trabajadores.

El anuncio de este ERE se ha realizado oportunamente para que se logre un acuerdo antes del cierre del actual ejercicio fiscal, evitando así repercusiones en las cuentas del próximo año.

En la esfera gubernamental, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha reiterado que cualquier medida que afecte a los empleados de Telefónica debe llevarse a cabo dentro de un marco de consenso con los sindicatos. López, que subrayó la postura clara del Gobierno en este tema, recordó la participación estatal en la empresa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.