La coalición de izquierda Sumar ha instado al Gobierno español, conformado por el partido socialista y otras fuerzas, a implementar sanciones contra altos funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu y a su gabinete. Este reclamo surge en un contexto de creciente preocupación por la situación en Gaza, donde se ha acusado a Israel de cometer atrocidades.

En una reciente declaración, Sumar ha solicitado que tanto Netanyahu como figuras como Israel Katz, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich sean considerados 'personas non grata' y que se les impida la entrada a España, argumentando que sus acciones incitan al odio y perpetúan la crisis humanitaria en la región.

Los representantes de Sumar, quienes forman parte del Ejecutivo como socios minoritarios, han manifestado que sus cinco ministros presionarán para que se tomen medidas concretas en respuesta a lo que califican de "genocidio" en Gaza. Subrayan que muchas de estas acciones son competencia del Gobierno y pueden ser ejecutadas de inmediato.

No solo han exigido la retirada de la embajadora Ana María Sálomon, quien se encuentra en Tel Aviv, sino que también han solicitado la adhesión del Gobierno a la Declaración del 'Grupo de La Haya', que promueve una respuesta internacional a la crisis en Palestina.

Sumar ha hecho un llamado al PSOE para que se apruebe con urgencia una ley que formalice un embargo de armas hacia Israel, que incluiría la inspección de cualquier cargamento que tenga como destino dicho país. La organización defiende que este tipo de legislación es fundamental para mostrar un compromiso serio con el bienestar del pueblo palestino.

Además, enfatizan la necesidad de limitar el tránsito de armas a través de aeropuertos y puertos españoles que tengan relación con circunstancias vinculadas a Israel, pidiendo explícitamente la exclusión de empresas que colaboren con la industria armamentista israelí o que participen en actividades comerciales relacionadas con el conflicto.

Por último, Sumar ha reiterado su postura de romper por completo las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, considerándolo un paso necesario para actuar con responsabilidad respecto a la situación en Gaza y para alinear la política exterior de España con los principios de justicia internacional.