La situación en torno al 'caso hidrocarburos' ha intensificado la atención pública después de las recientes declaraciones de José Fernández Rosado en la Audiencia Nacional. Este viernes, el empresario afirmó ante el juez Santiago Pedraz que el también empresario Cristian Corvillo le propuso actuar como testaferro de una empresa, una revelación que ha generado gran revuelo mediático.

De acuerdo a fuentes jurídicas, Fernández Rosado reveló que fue Corvillo, junto con Miguel Romero Bravo, quienes le ofrecieron el cargo de administrador de Espaeventos, una de las firmas objeto de investigación. Según su testimonio, se le prometió un pago monetario por este servicio, pero que, hasta el momento, no llegó a percibir.

Durante su comparecencia, el investigado señaló que Corvillo y Romero Bravo controlaban las operaciones de Espaeventos y que eran ellos quienes le instructaban sobre transferencias y otras acciones bancarias que debía formalizar. Fernández Rosado aseguró que su salida de la empresa estaba relacionada con diferencias surgidas en 2023 en torno a transacciones financieras diseñadas para ser realizadas a sociedades en Portugal, así como un ingreso de un millón de euros cuyo origen le resultaba desconocido.

En su declaración, Fernández insistió en que se negó a aceptar este ingreso y que ese conflicto fue determinante para su salida de la empresa. También confirmó ante la Agencia Tributaria que Espaeventos acumulaba deudas por más de 10 millones de euros en impuestos antes de su partida.

Las declaraciones de Fernández Rosado se producen tras la confesión de Javier Sequi, otro investigado que había admitido que fue designado administrador de otra empresa implicada en el caso, a cambio de un pago mensual de 3.500 euros por su inactividad.

Un informe reciente de la UCO (Unidad Central Operativa) ha señalado que esta trama de hidrocarburos se había infiltrado en varias instancias del Ministerio de Transportes, así como en otros ministerios clave relacionados con Industria y Turismo, lo que plantea serias interrogantes sobre la integridad de estas administraciones. El acceso a estas altas esferas se habría facilitado a través de Aldama, quien tenía conexiones directas con el entorno de José Luis Ábalos, exministro de Transporte, con el objetivo de influir en la autorización de Villafuel para operar en el mercado mayorista, a pesar de que no cumplía con los requisitos legales.

Las investigaciones han apuntado a Aldama y al empresario Claudio Rivas como figuras central en esta presunta organización criminal, que no solo controlaba las operaciones de Villafuel, sino que también diseñaba estrategias para fecundar actividades delictivas en el sector hidrocarburífero.

La UCO ha calificado la estructura de esta organización como un sistema criminal organizado, especializado en delitos fiscales dentro de un sector tan estratégico como el de los hidrocarburos. Este entramado operaba bajo la fachada de diversas sociedades vinculadas al sector, facilitando acciones ilegales bajo un esquema complejo.

Además, la investigación sugiere que la organización contaba con un esquema adicional que facilitaría el blanqueo de capitales generados a partir de sus actividades ilícitas. El informe establece que las actividades delictivas comenzaron en 2020, cuando se solicitó a Aldama que utilizar su red de contactos para asegurar que Villafuel pudiera obtener la licencia necesaria para operar.

Para lograr sus objetivos, se estima que la trama habría gastado hasta un millón de euros para ejercer influencia sobre el sector empresarial, así como sobre el exministro Ábalos y su asesor, Koldo García.