La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la intensificación del conflicto entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) está empeorando el sufrimiento de la población civil en la región de Darfur debido a la "inacción" de las autoridades para proporcionar justicia y seguridad. Según la organización, la impunidad ha permitido a supuestos criminales de guerra ocupar puestos de liderazgo en la región.

Darfur lleva sufriendo un conflicto desde el 25 de abril de 2003, cuando el Movimiento de Liberación de Sudán atacó al Ejército sudanés en el aeropuerto de El Fasher, en Darfur Norte. El conflicto ha causado cientos de miles de muertes violentas y millones de desplazamientos, convirtiéndolo en uno de los conflictos más sangrientos en el continente africano.

La ONG ha denunciado que las autoridades siguen sin proteger a la población y sin investigar ni enjuiciar a los responsables de las muertes de varios civiles provocadas por el uso de armas pesadas en zonas "densamente pobladas" durante los últimos días. Sudán se encuentra "atrapada en ciclos interminables de ataques armados indiscriminados, así como otros graves crímenes y abusos contra los Derechos Humanos", según AI.

Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral ha manifestado que "Es lamentable que en Sudán se siga viviendo con temor día tras día. Todas las personas que han sufrido abusos o violaciones de Derechos Humanos deben recibir recursos y reparaciones. El tiempo no debe ser un obstáculo para que se imparta justicia". AI ha solicitado tanto al Consejo de Seguridad de la ONU como a la comunidad internacional que garanticen el embargo de armas en Darfur y que se "redoblen esfuerzos" para que los criminales de guerra respondan ante los tribunales.

Las fuerzas gubernamentales han respondido a los ataques rebeldes con ataques tanto contra estos como contra civiles pertenecientes a determinados grupos étnicos acusados de apoyar a la insurgencia, estrategia que siguen aplicando en la actualidad y que ha provocado "una enorme cantidad de muertes, destrucción y desplazamientos de población". AI documentó en el año 2016 el uso de armas químicas contra la población civil por parte del Ejército.

Cientos de miles de civiles han muerto o se han enfrentado al hambre, la deshidratación, enfermedades, la destrucción de cientos de localidades y medios de sustento. Las mujeres y las niñas han sufrido violaciones generalizadas u otras formas de violencia sexual. Cuando el expresidente Omar Hasán al Bashir fue derrocado en 2019, un Gobierno de transición repartido entre los militares y dirigentes civiles no ha impedido el cese de la violencia en la zona, pues no ha mostrado voluntad ni capacidad para proteger a los civiles.

En diciembre de 2022 firmaron un acuerdo para nombrar una nueva autoridad civil de transición por un periodo de dos años y en el se establecía la rendición de cuentas por los crímenes de Derecho Internacional y sin que puedan acogerse a inmunidades o amnistías. En la actualidad, tanto el Ejército como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) continúan con sus ataques a la población. "La población civil de Darfur continúa a merced de las mismas fuerzas de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra allí y en otras partes de Sudán", ha señalado Chagutah.