El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme el pasado 10 de mayo. El acuerdo recomienda que los negociadores de convenios colectivos establezcan un alza salarial global del 10% entre 2023 y 2025, con subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, y una cláusula de revisión salarial que podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% en caso de desviación de la inflación.

Sindicatos y empresarios declaran en este acuerdo su intención de llevar a cabo en esos tres años "una política salarial que contribuya de manera simultánea a la reactivación económica, a la creación de empleo y a la mejora de la competitividad de las empresas españolas".

El acuerdo consta de 32 páginas en las que se especifica que los negociadores de convenios colectivos deberán tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito para fijar las condiciones salariales. La idea es que las directrices contenidas en el acuerdo puedan adaptarse en cada sector o empresa, con el objetivo del mantenimiento y la creación de empleo.

En lo que respecta a 2022, ejercicio que ha quedado fuera del acuerdo, sindicatos y empresarios señalan que en los sectores y empresas donde aún no se han cerrado sus convenios, se afrontarán las negociaciones "buscando soluciones en base a la situación y la realidad de su propio ámbito".

En materia de contratación, los agentes sociales consideran que los convenios colectivos deben contribuir a seguir fomentando la estabilidad en el empleo y el uso adecuado de las modalidades contractuales, desarrollando los distintos llamamientos que la norma hace a la negociación colectiva.

En cuanto a la jubilación parcial y el contrato de relevo, consideran que "deben seguir siendo un instrumento adecuado para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas".

En el acuerdo, las partes apuestan por analizar la evolución de los indicadores de incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes y por establecer medidas de actuación que mejoren la salud de los trabajadores y logren reducir la frecuencia y duración de dichos procesos.

Los agentes sociales también ponen "deberes" al Gobierno en este acuerdo, especialmente en lo que respecta a la adaptación de la actual normativa de revisión de precios en los contratos públicos.