Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha revelado planes significativos para el desarrollo de nuevas viviendas en España. Durante su intervención en la Comisión de Vivienda, la ministra anunció que Casa 47, en colaboración público-privada, lanzará este trimestre la licitación para la construcción de 2.800 nuevas viviendas, priorizando la asequibilidad de los arrendamientos establecidos por la Entidad Estatal de Vivienda.

En su comparecencia, Rodríguez destacó que este nuevo esfuerzo se suma a otras 1.600 viviendas que ya han sido licitadas a lo largo de 2025. Esto significa que, al finalizar este trimestre, Casa 47 habrá puesto en licitación un total de 4.400 viviendas, un avance importante para atender la creciente demanda de vivienda asequible en el país.

“Casa 47 es una empresa con un sólido respaldo financiero de más de 13.000 millones de euros, lista para ejecutar proyectos ambiciosos que beneficiarán a la sociedad”, afirmó la ministra, subrayando la capacidad de la entidad para llevar a cabo estas iniciativas.

La nueva licitación, según la ministra, incluirá suelos de carácter urbano finalista, junto con ayudas públicas y condiciones de financiamiento que aseguren arrendamientos adaptados a lo que el Gobierno considera asequible. Esta estrategia busca ofrecer opciones accesibles a quienes más lo necesitan.

Rodríguez explicó que los contratos de alquiler de estas viviendas alcanzarían hasta los 75 años, con un primer periodo de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, siempre que se mantengan las condiciones de acceso. Esto refleja un compromiso con la estabilidad habitacional de los inquilinos.

Asimismo, se establecieron criterios económicos claros: aquellos que deseen acceder a estas viviendas deberán tener ingresos que oscilen entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, lo que representa el 60% de la clase media y trabajadora. Es un planteamiento que busca hacer la vivienda accesible para la mayoría del ciudadano común.

Un aspecto significativo de la estrategia es que los precios de alquiler no se determinarán por el costo de construcción, sino que se ajustarán a lo que los ciudadanos pueden realmente pagar, garantizando que ninguna persona deba destinar más del 30% de sus ingresos para cubrir el alquiler.

Además, la ministra anunció que la próxima semana se presentará al Consejo Rector la propuesta para la incorporación de la opción de compra de propiedades privadas, con el fin de convertirlas en vivienda pública asequible. Para este propósito, el Gobierno ha destinado un presupuesto de 100 millones de euros.

En otro punto de su intervención, la ministra destacó que cerca de 80.000 pisos turísticos ilegales han sido eliminados de plataformas digitales, gracias al registro único de arrendamientos que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Esta medida responde al Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo, que busca regular el mercado de arrendamientos de corta duración.

Rodríguez enfatizó que esta regulación ha ayudado a controlar la proliferación de pisos turísticos, aunque también advirtió sobre la aparición de nuevas prácticas ilegales en el sector de los alojamientos de temporada. Para abordar esta situación, se está trabajando en una nueva normativa que busque cerrar las brechas que permiten la especulación en el mercado residencial.

“Los alojamientos de temporada son cruciales para trabajadores y estudiantes, y deben cumplir su propósito sin convertirse en una excusa para especular. Es fundamental contar con el apoyo de todo el Parlamento para impulsar esta nueva regulación”, concluyó la ministra, destacando la necesidad de una acción conjunta para proteger el acceso a la vivienda.