La reciente iniciativa del Gobierno de España para regularizar a migrantes en situación irregular ha generado un aire de optimismo entre aquellos que buscan establecerse legalmente en el país. Esta medida, que permite trabajar de manera formal, promete ofrecer a muchas familias la estabilidad que tanto anhelan. Nicolás, un peruano que reside en Santiponce, Sevilla, afirma que esta regularización es un rayo de esperanza para muchos extranjeros.

Nicolás llegó a España en abril de 2023 junto a su esposa e hijos, después de haber recibido amenazas en Perú que les obligaron a huir. Desde su llegada, la familia ha enfrentado numerosos retos, incluyendo empleos precarios y un sistema burocrático que ha dificultado su acceso a derechos fundamentales y a becas educativas para sus hijos.

A su llegada, Nicolás pudo trabajar sin contrato formal, algo que su esposa no podía hacer. Esta situación limitó su capacidad para mantener a la familia y garantizar una educación adecuada para sus hijos. Sin embargo, el nuevo sistema de regularización promete cambiar eso, permitiendo que los migrantes obtengan la autorización para trabajar de forma rápida, sin las largas esperas del pasado. Nicolás señala que esto podría aliviar una gran presión sobre su hogar.

En lo que respecta a la regularización, Nicolás aún no ha tomado una decisión final. Él y su hijo han comenzado ya los trámites para obtener el arraigo, pero considera que solicitar la regularización extraordinaria podría resultar en gastos adicionales. Su esposa, por otro lado, está decidida a acogerse a esta nueva medida, que ve como un proceso mucho más simple.

El acceso a información clara sobre estos procedimientos es otro tema de preocupación para Nicolás. Considera que las normas están formuladas de tal manera que resultan ininteligibles para muchos, lo que puede causar confusión y frustración. “Es casi imposible que alguien comprenda a la perfección una norma redactada en otro idioma”, argumenta, resaltando la dependencia de muchas familias de organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que les brinda apoyo legal.

Este martes, el Gobierno ha puesto en marcha el proceso de regularización extraordinaria, un acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos. Esta acción revive el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas, aunque su avance en el Congreso se ha visto bloqueado durante mucho tiempo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclara que este proceso está dirigido a todos los inmigrantes que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar una permanencia mínima de cinco meses continuos en el país. Podrán aportar cualquier tipo de documento, ya sea público o privado, para validar su situación.

Para aquellos que han solicitado protección internacional, basta con que la solicitud sea presentada antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrarlo. También se requerirá que los solicitantes no tengan antecedentes penales y no representen un peligro para el orden público. Aquellos que cumplan con los requisitos podrán recibir un permiso de residencia por un año, tras el cual deberán integrarse en los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación de extranjería.

Esta medida está diseñada principalmente para personas que han estado en España durante un largo período y que, de alguna manera, han quedado excluidas de los sistemas de regularización tradicionales. Esto incluye a quienes tienen solicitudes de protección internacional que están a la espera o han sido rechazadas. La regularización se aplicará sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Además, esta iniciativa también contempla la regularización simultánea de los hijos menores de los solicitantes que se encuentren en España, con un permiso de residencia que durará cinco años.