MADRID, 6 Dic. - Un año después de su caída política, el legado del expresidente Pedro Castillo y las circunstancias que llevaron a su destitución siguen siendo motivo de debate y división en Perú, un país que se encuentra atrapado en una crisis política perenne sin indicios de solución a corto y medio plazo.

En medio de una de estas crisis, Castillo fue elegido presidente con la promesa de realizar cambios profundos en un país que había tenido tres presidentes en poco más de dos años antes de su ascenso. Su detención mientras intentaba disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia para evitar una tercera moción de censura refleja la agitada política peruana de los últimos años.

Actualmente, Castillo se encuentra en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, conocido como la cárcel de los expresidentes, donde comparte instalaciones con otros expresidentes peruanos en horas bajas, como Alejandro Toledo y Alberto Fujimori.

Su liberación no parece cercana por el momento, ya que además de su prisión actual, enfrenta otra con una duración de 36 meses por el supuesto liderazgo de una organización criminal vinculada al Ministerio de Vivienda y Petro Perú.

El mandato de Castillo fue un reflejo fiel de la política peruana, caracterizada por la inestabilidad. Durante sus 16 meses de gobierno, tuvo cinco equipos de gobierno con más de 70 ministros. Incapaz de proporcionar estabilidad y dirección al país, incluso llegó a perder el apoyo de su propio partido, Perú Libre, debido a desacuerdos con su líder, Vladimir Cerrón.

A los problemas de liderazgo de algunos presidentes se suma un sistema de partidos políticos incapaces de responder a las demandas de la población, lo que contribuye a la ingobernabilidad del país y a la constante amenaza de una destitución presidencial.

Este constante cambio de presidentes está más relacionado con el diseño de las instituciones peruanas, que permiten tanto al Congreso como al presidente anular las facultades del otro, que con casos de corrupción que hayan afectado a los ocupantes de la Casa Pizarro.

Esta inestabilidad, que incluye a Dina Boluarte como la sexta presidenta en cuatro años, ha impedido que se impulsen nuevas reformas estructurales en las últimas tres décadas, lo que ha afectado gravemente a la economía del país.

La destitución de Castillo desencadenó una de las peores crisis en Perú, con casi medio centenar de muertos debido a la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas contra su detención y en contra de quien asumió el mando, su vicepresidenta Dina Boluarte, cuyo mandato se encuentra ahora en entredicho.

La llegada de la primera presidenta en la historia del país no ha logrado resolver esta crisis como se esperaba. Las protestas que exigen su renuncia y la convocatoria de elecciones aún continúan, y enfrenta además graves acusaciones de crímenes de lesa humanidad por las muertes ocurridas durante las manifestaciones a principios de año.

Mientras tanto, la situación tumultuosa del país persiste y el nombre de Boluarte se encuentra envuelto en las mismas críticas que en su día aquejaron a Castillo, como los cuestionables nombramientos de altos cargos, el supuesto plagio de trabajos académicos y las sospechas sobre el origen de la financiación de sus campañas.

Sin embargo, a diferencia de Castillo, Boluarte ha tenido un equipo de gobierno más sólido y ha sabido manejar un Congreso que no ha logrado derrocarla en ningún intento. La presidenta continúa ignorando las demandas de aquellos que se manifiestan exigiendo adelantar las elecciones, que están programadas para 2026 a menos que cambie de opinión.

Hasta entonces, Boluarte enfrenta el desafío monumental de llegar a acuerdos para gobernar y fortalecer las instituciones con un Congreso que ha demostrado en múltiples ocasiones buscar sus propios intereses partidistas, y una sociedad civil que no le perdona su llegada al poder y su indiferencia ante las muertes en las protestas.