En una clara defensa de la gestión económica del Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió este jueves en que el reciente rechazo de la senda de estabilidad 2026-2028 en el Congreso no obstaculizará la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026. Montero señaló que, lejos de afectar al Ejecutivo, esa negativa impactará negativamente en las comunidades autónomas, que verán restringidas sus capacidades de gasto.

Durante un intenso debate en la Cámara Baja, Montero criticó al Partido Popular, instando a sus representantes a explicar por qué, a pesar de exigir constantemente recursos para las regiones, optan en momentos cruciales por votar en contra de soluciones que permitirían un mayor margen financiero para las mismas.

La ministra también hizo un llamado a los partidos para que abandonen el activismo electoral y se concentren en los intereses de los ciudadanos de sus respectivas comunidades. Montero enfatizó que los diputados no deberían dejarse guiar por las decisiones centralizadas en Madrid, refiriéndose de manera particular a la sede de Génova, donde tiene su base el PP.

A pesar de las dificultades, Montero reafirmó su confianza en que el rechazo del Congreso no impedirá la creación de los Presupuestos de 2026. De hecho, sugirió la posibilidad de que el Gobierno incluso presente unas cuentas públicas con una mayor holgura financiera para la Administración Central.

Si hoy se anula la senda de estabilidad, el Gobierno prevé someterla nuevamente a votación en un plazo de un mes. Sin embargo, en caso de que se repita el rechazo, la ruta que se implementará será la del plan fiscal estructural enviado a Bruselas el año pasado, el cual resulta más restrictivo para las comunidades autónomas.

Los parámetros establecidos en el mencionado plan limitan el déficit de las autonomías a un 0%, en contraste con el 0,1% propuesto originalmente por Hacienda. Esta situación podría traducirse en un drástico ajuste fiscal de 1.755 millones de euros para el año 2026, resultando en una pérdida total de 5.485 millones de euros en capacidad de gasto para las autonomías en el largo plazo.

Con la intención de revertir las posturas negativas de algunos partidos, Montero expresó su deseo de que durante el debate se reconduzcan las posturas para dotar a las comunidades con mayores recursos destinados al desarrollo de servicios esenciales como la sanidad, educación y vivienda.

La ministra lamentó la tendencia a la confrontación que suele predominar en la Cámara, subrayando que este enfoque no ofrece soluciones viables para la ciudadanía. Pese a los obstáculos, Montero se comprometió a trabajar intensamente para lograr que cada grupo parlamentario encuentre razones suficientes para apoyar los Presupuestos Generales, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, favorecer la creación de empleo y modernizar el país, con un enfoque particular en jóvenes y en la reducción de desigualdades.