Crónica España.

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Más de diez comunidades autónomas piden al Ministerio una reunión sectorial sobre el lobo y la entrega de informes a Bruselas.

Más de diez comunidades autónomas piden al Ministerio una reunión sectorial sobre el lobo y la entrega de informes a Bruselas.

En la jornada del viernes 30 de enero, un conjunto de trece comunidades autónomas, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla, se unieron en Santander para solicitar de manera urgente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente centrada en el lobo. También exigen que el ministerio cumpla su obligación de enviar a la Comisión Europea los informes cada seis años sobre la situación de esta especie.

Los responsables de la gestión del lobo de siete comunidades se congregaron en la mañana de hoy en la capital cántabra para discutir lo que consideran "actuaciones irregulares" por parte del Ministerio en lo que respecta a la gestión de dicha especie. A la reunión asistieron los consejeros de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid, además de recibir el apoyo de Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla.

A pesar de la invitación extendida a todas las comunidades y a la ministra del área, Sara Aagesen, esta última informó que no asistiría al encuentro, lo que no pasó desapercibido para los participantes.

El acuerdo alcanzado entre las comunidades consta de tres cláusulas, en las cuales también se exige que se transfieran a las autonomías los fondos que aparecen en la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Además, ante la falta de respuesta del Ministerio, la Junta de Castilla y León ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo por su "inactividad". Otras comunidades, incluida Cantabria, han manifestado su intencionalidad de sumarse a esta acción legal. Por otra parte, se prevé la presentación de una denuncia formal ante la Comisión Europea por el incumplimiento de las normativas de Derecho Comunitario por parte del gobierno español.