Amnistía Internacional ha denunciado el aumento en el número de ejecuciones por delitos relacionados con drogas en Irán, el cual se ha triplicado en lo que va de año en comparación con el mismo periodo de 2022. La organización no gubernamental informó que al menos 173 personas fueron ajusticiadas en Irán por este delito, representativo de las dos terceras partes de todas las ejecuciones realizadas en los primeros cinco meses de 2023. A su vez, ha asegurado que las sentencias han sido emitidas sistemáticamente de manera injusta.

La ONG ha destacado que estas ejecuciones han afectado a personas en situación de vulnerabilidad y en entornos marginales con un alto grado de desigualdad económica. Por ejemplo, el 20% de las ejecuciones registradas fueron de personas pertenecientes a la minoría étnica baluche, a pesar de que sólo representa el 5% de la población iraní. Amnistía Internacional ha subrayado que estas ejecuciones son una grave violación al Derecho Internacional, puesto que “ponen al descubierto la falta de humanidad y el flagrante desprecio por el derecho a la vida por parte de las autoridades” segun palabras de Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

La ONG ha resaltado la necesidad de que se emita una moratoria oficial de todas las ejecuciones y se solicite la presencia de representantes en los juicios que involucren la pena capital. También se debe exigir la cooperación de Estados y organismos intergubernamentales para condenar enérgicamente las ejecuciones arbitrarias, así como para solicitar la rendición de cuentas por los casos específicos. A su vez, han solicitado que se busque una solución eficaz debido a la crisis de impunidad en las ejecuciones arbitrarias masivas.

Por último, Amnistía Internacional ha denunciado que las personas con escasos recursos y vulnerables suelen ser las más afectadas por la pena de muerte y, por lo general, desconocen sus derechos o no pueden costearse un abogado independiente. Asimismo, han señalado que las familias de las personas ejecutadas sufren las consecuencias económicas de su pérdida y quedan endeudadas por los gastos judiciales. Ejemplo de ello es la historia de una mujer que se encuentra en el corredor de la muerte, cuya familia prometió al abogado que le pagaría una cantidad exorbitante para que anulara su condena, sin embargo, el abogado desapareció y su familia quedó endeudada.