En Madrid, el 13 de mayo, Volker Turk, quien se desempeña como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha manifestado su preocupación sobre el manejo actual de las deportaciones en Estados Unidos. Esta inquietud surge en el contexto del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y se destaca que se han contabilizado unas 142,000 deportaciones hasta la fecha.

Turk ha señalado que hay indicios de posibles transgresiones a derechos fundamentales, tanto bajo el marco legal estadounidense como en el ámbito del Derecho Internacional. Entre estos derechos se incluyen garantías procesales, protección contra detenciones arbitrarias, igualdad ante la ley y el derecho a evitar el sufrimiento en otros países, así como el acceso a recursos efectivos.

La ONU ha alertado sobre el estado de al menos 245 ciudadanos venezolanos y unos 30 salvadoreños que han sido deportados a El Salvador. La mayoría de ellos se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un lugar conocido por sus condiciones de detención severas. Según informes, se sabe que más de cien venezolanos están actualmente en esta prisión, considerada un símbolo de la dura política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele.

Se ha apuntado que muchos de los detenidos no fueron informados acerca de su inminente traslado a un tercer país y no lograron contactar con abogados ni presentar recursos legales en Estados Unidos. Hasta ahora, tampoco hay registros oficiales de los detenidos por parte de las autoridades de Estados Unidos o El Salvador.

Las familias de los afectados han compartido su desasosiego y sufrimiento, sintiéndose impotentes al ver a sus seres queridos catalogados y tratados como delincuentes e incluso terroristas, sin que haya existido una revisión judicial que respalde estas acusaciones.

Además, Turk ha denunciado la manera en que algunos de los deportados fueron tratados durante su detención, llegando a estar encadenados, así como el uso de un lenguaje despectivo hacia los migrantes, lo que ha aumentado su preocupación sobre esta situación.

El Alto Comisionado ha instado a la administración de Trump a tomar las medidas adecuadas que aseguren los derechos y libertades de estas personas. También ha reconocido el papel crucial que tienen tanto el poder judicial como la sociedad civil estadounidense en la defensa de los Derechos Humanos.

Este respaldo se contrasta con las críticas que ha hecho el presidente Trump a ciertos jueces, quienes han cuestionado decisiones que consideran ilegales, especialmente aquellas que prohíben el uso de la desactualizada Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para llevar a cabo deportaciones de migrantes.