El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado las decisiones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que sancionó a siete empresas que, de manera engañosa, manipularon los precios durante las rebajas del 'Black Friday'. Este evento, que se celebra a finales de noviembre, ha sido escenario de prácticas indebidas que han llevado a la intervención del organismo gubernamental.

El Ministerio, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha confirmado que el TSJM se pronunció sobre los recursos interpuestos por una de las empresas afectadas, que buscaba suspender la sanción mientras se resolvía su apelación. Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud y, además, impuso la obligación de que la firma depositara un aval de 110.000 euros correspondiente a la multa.

Esta resolución reitera el compromiso de la justicia con las políticas diseñadas para proteger al consumidor, como ya ocurrió en el caso de anuncios irregulares en plataformas como Airbnb, tal como señala el Ministerios de Derechos Sociales. El objetivo es salvaguardar a los compradores de tácticas engañosas que puedan perjudicar sus derechos.

Las prácticas denunciadas se basaron en el aumento artificial de precios antes del 'Black Friday', lo que permitió a las empresas ofrecer descuentos que en realidad eran falsos, puesto que el precio promocionado no representaba un ahorro real para el consumidor. El Ministerio destaca que estas acciones infringen la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que establece que el descuento debe reflejar el precio más bajo registrado en los 30 días anteriores a la oferta.

Entre las empresas sancionadas, tres admitieron haber incurrido en estas prácticas engañosas, mientras que las otras cuatro han decidido presentar recurso ante el Tribunal. La decisión del TSJM fortalece la prohibición de prácticas fraudulentas durante periodos de rebajas, como el 'Black Friday', según lo enfatiza el departamento de Bustinduy.

Las sanciones del Ministerio de Consumo ascienden a un total cercano a los 350.000 euros y son consecuencia de las manipulaciones realizadas en 2023 por empresas que operan principalmente en el ámbito digital, ofreciendo productos que van desde electrodomésticos y tecnología hasta artículos deportivos y cosméticos en establecimientos físicos y en línea.

Para implementar un seguimiento riguroso de los precios de los productos, la Dirección General de Consumo ha utilizado la herramienta 'Price Reduction Tool', desarrollada por la Comisión Europea, que permite verificar en tiempo real si las ofertas durante periodos de alto consumo cumplen con la normativa establecida para la indicación de precios.