El Gobierno español ha lanzado una nueva iniciativa destinada a implementar una jornada laboral intensiva de verano para empleados de la Administración General del Estado (AGE) que se encargan de cuidar a personas mayores dependientes. Esta medida, efectiva entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, busca facilitar la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares de estos trabajadores.

Además de esta jornada intensiva, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan para investigar la brecha salarial en la AGE y establecer un protocolo de actuación para erradicar posibles desigualdades salariales de género. Hasta ahora, este derecho estaba restringido principalmente a quienes tenían a su cargo a menores de 12 años o a discapacitados con un grado de dependencia significativo.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, explicó que el objetivo de esta propuesta es abordar las desigualdades de género en la administración, promoviendo una representación equitativa de hombres y mujeres en todos los niveles. El plan establece 20 objetivos específicos y 45 acciones relacionadas con la organización, sensibilización y capacitación en temas de igualdad y violencia contra la mujer.

Entre las medidas del plan también se aborda la recopilación regular de datos sobre igualdad, lo que permitirá monitorear los progresos y detectar áreas que requieren mejoras. Esta estrategia se ha negociado en la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades y cuenta con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones.

Otro de los aspectos destacados es la promoción del talento en sectores donde existe una baja representación de mujeres, así como fomentar su participación en disciplinas tecnológicas. La formación en igualdad de género también se verá reforzada en todos los niveles de la administración pública.

El programa pergeñado incluye la creación de ‘Puntos Violetas’ en la administración, destinados a prevenir la violencia contra la mujer y ofrecer información sobre cómo actuar en caso de haber sido víctima de violencia machista. Asimismo, se prevé la elaboración de un registro de estas unidades y la consolidación de un servicio de asesoría confidencial.

El protocolo contra el acoso sexual también será actualizado para garantizar que se implementen medidas efectivas de protección para las empleadas que sufran de este tipo de violencia. Según ha manifestado el ministro, se busca que la administración sea un entorno seguro para todas las mujeres.

Finalmente, se amplía la reserva del puesto de trabajo a un año para aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género, con el fin de brindarles un mayor soporte en su recuperación y facilitarles el acceso a permisos retribuidos y adaptaciones laborales cuando sea necesario. Sin duda, este plan es un paso más hacia la búsqueda de una igualdad real en el ámbito laboral, considerando que actualmente el 75% de los permisos no retribuidos en la AGE son solicitados por mujeres, quienes siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado.