El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado un recurso presentado por el Gobierno de Venezuela contra una serie de medidas pactadas por el Consejo en 2017. Según el tribunal, los Veintisiete consideraron que el chavismo llevó a cabo actos de represión contra manifestantes pacíficos y opositores, por lo que las sanciones impuestas estaban justificadas.
Estas medidas implicaban la prohibición de exportar material que pudiera utilizarse para la represión interna, lo que llevó al inicio de un litigio ante la Justicia europea. Finalmente, el tribunal resolvió que el Consejo Europeo tenía el derecho de adoptar estas disposiciones y consideró que Venezuela no tiene derecho a ser escuchada antes de tomar decisiones controvertidas.
El tribunal también determinó que no era necesario el consentimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que no se violaban acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Además, concluyó que Caracas conocía los hechos imputados y no pudo demostrar inexactitudes en la información utilizada por el Consejo para evaluar la situación en Venezuela.
En declaraciones emitidas tras la sentencia, se indicó que el Consejo pudo determinar que la violencia, el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela estaban suficientemente probados. Por lo tanto, estaba justificado el riesgo de que estas acciones se repitieran en el futuro, lo que les permitió tomar las medidas impugnadas.
En resumen, el tribunal europeo respaldó las sanciones impuestas por el Consejo en vista de los actos de represión llevados a cabo por el chavismo en Venezuela. Consideraron que el Consejo tenía el derecho de adoptar estas medidas sin violar acuerdos internacionales, como el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, señalaron que Venezuela no tenía derecho a ser escuchada antes de tomar estas decisiones y no pudo demostrar inexactitudes en la información utilizada por el Consejo.