El Tribunal General de la Unión Europea ha dictaminado que la guardia europea de fronteras y costas (Frontex) no tiene la responsabilidad de indemnizar a varios refugiados sirios que fueron deportados de Grecia a Turquía en una operación conjunta en 2016. A pesar de que los refugiados expresaron su deseo de solicitar protección internacional en Grecia, la corte europea ha concluido que Frontex no puede ser considerada responsable de las consecuencias de la expulsión, ya que no tiene competencias sobre las decisiones nacionales de retorno ni sobre las peticiones de protección internacional.

El caso se remonta a 2016, cuando un grupo de refugiados sirios llegó a la isla griega de Milos y, posteriormente, fueron trasladados a la isla de Leros. A pesar de expresar su deseo de pedir asilo, fueron deportados a Turquía en una operación conjunta de Grecia y Frontex. En Turquía, los refugiados se trasladaron a Irak.

Los afectados denunciaron su situación ante el responsable de Derechos Fundamentales de Frontex, pero sus reclamaciones no prosperaron. Decidieron entonces acudir al Tribunal Europeo para denunciar a Frontex por su papel en la deportación y solicitar una indemnización de más de 96.000 euros por daños materiales y 40.000 euros por daños morales.

La demanda acusaba a Frontex de violar varios principios y derechos, como el principio de no devolución en caliente, el derecho de asilo, la prohibición de expulsiones colectivas, los derechos del menor, la prohibición de tratos degradantes, el derecho a una buena administración y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, el Tribunal de Luxemburgo desestimó la demanda, argumentando que el comportamiento de Frontex no pudo haber causado directamente los daños supuestos sufridos por los refugiados. Además, la sentencia destacó que la tarea de Frontex en las operaciones de retorno es únicamente ofrecer apoyo técnico y operativo a los Estados miembros, quienes son los responsables de evaluar las decisiones de expulsión y examinar las peticiones de protección internacional.

En conclusión, el tribunal europeo considera que los refugiados no han presentado pruebas suficientes de un vínculo causal directo entre los daños alegados y el comportamiento que se acusa a Frontex.