En un reciente anuncio en Madrid, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reveló un ambicioso plan de simplificación que promete reducir a la mitad la cantidad de información que las entidades bajo su supervisión deben aportar en sus informes regulares.
Este plan se alinea con las prioridades estratégicas de la CNMV hasta 2030 y se desglosa en seis ejes principales, que incluyen un total de 31 iniciativas. Estas acciones están destinadas a optimizar los procedimientos internos y proponen cambios en las circulares relacionadas con la normativa vigente.
Un dato significativo es que el 58% de las iniciativas tienen como objetivo disminuir la burocracia mediante la reducción de la documentación necesaria, lo que evitará redundancias y disminuirá la carga administrativa sobre las entidades supervisadas.
La CNMV aclaró que esta simplificación de la información no requiere cambios normativos en otros niveles, y anticipa que los nuevos requisitos podrían empezar a implementarse en el primer trimestre de 2026. Además, se planea elaborar un informe que detalle el avance de esta simplificación y su implementación efectiva.
Dentro de las medidas propuestas, destaca la eliminación de la obligación de remitir informes de auditoría interna por parte de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) y empresas de servicios de inversión (ESI). También se plantea sustituir documentos legales tradicionales como escrituras y contratos en fusiones de instituciones de inversión colectiva por simples declaraciones responsables.
El plan incluirá también la eliminación de informes como los estados de posición de las IIC y las tasaciones inmobiliarias, así como ajustes en la frecuencia de entrega de los planes de recuperación de las ESI y de los estados de conducta de las entidades más grandes.
La CNMV sostiene que la eliminación de ciertos informes y la reprogramación de su periodicidad no comprometerán la protección del inversor. Además, un 26% de las medidas se enfoca en reducir los tiempos de tramitación y en mejorar la eficacia de los procedimientos administrativos.
En este contexto, se prevé que la verificación completa de anexos de sostenibilidad en los folletos de las IIC sea reemplazada por un sistema simplificado basado en declaraciones responsables, que a su vez incluirá revisiones selectivas. Se adoptará un enfoque basado en riesgos, ajustando la profundidad de las revisiones según la complejidad de cada operación específica.
Por otro lado, un 16% de las iniciativas se destinará a mejorar los métodos de envío y gestión de la información, especialmente a través de la sede electrónica de la CNMV. Esto incluirá una gestión más ágil de los certificados Cifradoc y el uso ampliado de información de bases de datos para reducir solicitudes duplicadas.
Un aspecto relevante de este plan es la creación de un decálogo de simplificación que guiará a la CNMV en sus acciones, sustentándose en los principios de proporcionalidad, eficiencia y transparencia operativa.
Entre las directrices del decálogo, se destaca la importancia de no imponer criterios nacionales adicionales a las recomendaciones o guías europeas cuando sea posible, y, si se justifica su implementación, que esta sea claramente motivada. La CNMV también tiene la intención de aplicar criterios simplificadores en la publicación de documentos informativos y circulares, así como revisar la normativa preexistente antes de hacer nuevas propuestas.
El tercer eje del plan contempla acciones internas que incluyen la derogación de circulares consideradas obsoletas, la reducción de la frecuencia o alcance en la supervisión de áreas de bajo riesgo, y la automatización de procesos para optimizar recursos y acelerar los plazos de respuesta.
Finalmente, los otros tres ejes del plan se centran en el impulso de la transformación digital, en iniciativas para promover cambios legislativos que serán presentados a la Secretaría General del Tesoro y en la participación activa en grupos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para facilitar la simplificación administrativa en el ámbito de la Unión Europea.
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