En la capital española, el 27 de enero, se ha generado una considerable expectativa en torno a la investigación posible del ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de un trágico incidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, donde lamentablemente perdieron la vida 45 personas.

El juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Fiscalía que evalúe la situación y determine si corresponde iniciar una pesquisa formal contra el ministro. Esta medida sigue a la presentación de una denuncia que alega delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación en la que se nombra a Puente y a otros implicados.

Adicionalmente, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha instado al Ministerio Público a que se manifieste también sobre qué diligencias considerarían necesarias en relación con el caso. Esta larga cadena de acciones judiciales se desató tras la denuncia interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia, un hecho que añade otra capa de complejidad a la situación. Es importante señalar que, debido a su estatus de aforamiento, cualquier indagación sobre Puente sería competencia del Tribunal Supremo.

Sin embargo, las opiniones de expertos legales sugieren que la posibilidad de que estas diligencias se conviertan en una causa formal en la Audiencia Nacional es bastante remota, principalmente por el asunto de la competencia judicial que rodea al caso.