El Gobierno se encuentra listo para dar un paso decisivo en el ámbito migratorio, al anunciar la aprobación de una regularización extraordinaria para migrantes a través de un real decreto en la próxima reunión del Consejo de Ministros, prevista para el 27 de enero. Esta información ha sido confirmada por fuentes cercanas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una conversación con Europa Press.

De acuerdo con las mismas fuentes, esta regularización está diseñada para aquellos extranjeros que ya están residiendo en España, con el propósito de "asegurar derechos y proporcionar seguridad jurídica a una realidad social que ya existe". Al optar por un decreto, el Gobierno evita la necesidad de validar la medida en el Congreso, lo que significa que el proceso será más ágil.

Durante un evento en Madrid, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, reveló este lunes el acuerdo alcanzado con el PSOE. Montero precisó que los beneficiarios de esta regularización deberán haber estado en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, y se estima que esta medida podría beneficiar a más de 500.000 personas.

En su intervención, Montero también explicó que los solicitantes necesitarán comprobar una estancia mínima de cinco meses en España. Para ello, deberán cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra la ausencia de antecedentes penales relevantes.

Para demostrar su residencia durante el período mencionado, los migrantes podrán presentar una variedad de documentos, que incluyen el empadronamiento, informes de citas médicas, certificados de asistencia a centros de servicios sociales o incluso contratos de alquiler. También serán aceptados justificantes de remesas enviadas y billetes de transporte.

Una vez que se presente la solicitud, se suspenderán los procedimientos de expulsión o las órdenes de retorno que existan en contra de la persona. Si la solicitud es admitida, se otorgará una autorización de residencia provisional, permitiendo también el acceso a derechos fundamentales como la atención sanitaria y la posibilidad de trabajar de forma legal.

En caso de que la resolución sea positiva, se entregará una autorización de residencia por un año, al término del cual se podrá solicitar una residencia ordinaria conforme a la normativa de extranjería.

Montero también subrayó el compromiso de Podemos de asegurar que el proceso de regularización sea "rápido y efectivo", enfatizando la importancia de proteger los derechos de este colectivo frente a lo que calificó como "violencia racista".

Este real decreto representa una reactivación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas y cuya consideración fue apoyada en 2024 por casi todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. Aunque ha tomado algunos pasos, el avance ha sido limitado por la complicada realidad política en el Parlamento.

Frente a esta situación, algunos grupos, como Sumar y Podemos, han optado por la aprobación de un decreto que no requerirá validación parlamentaria. Además, cabe recordar que el Ejecutivo ya aprobó el año pasado modificaciones al Reglamento de Extranjería que buscaban flexibilizar el sistema, aunque organizaciones han advertido que esto dejó en una situación incierta a quienes solicitaron asilo y fueron rechazados.

Para abordar este vacío, el PSOE propuso en mayo de 2025 una regularización para los migrantes que hubieran llegado antes del 31 de diciembre de 2024, a través de una "autorización de circunstancias excepcionales única". Esta iniciativa buscaba desbloquear el proceso de la ILP, bajo la dirección de la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

A pesar de que Cancela reafirmó su preferencia por el camino legislativo en diciembre de 2025, también mencionó la necesidad de explorar otras alternativas si este camino no progresaba.

Un informe reciente de Funcas reveló un aumento alarmante del 685% en el número de migrantes en situación irregular en España en los últimos ocho años, con cifras que alcanzan hasta 840.000 en el presente año. Esta irregularidad afecta a aproximadamente el 17,2% de la población extranjera no comunitaria.

Según el estudio, la gran mayoría de estas personas provienen de América, concentrándose en 760.000 migrantes, con nacionalidades como la colombiana, peruana y hondureña. También se registran importantes cifras de migrantes de África, Asia y Europa.

Por último, datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que desde la entrada en vigor de la flexibilización del arraigo, 95.000 personas han logrado regularizar su situación, gracias a las vías de arraigo disponibles.